Usuarios denuncian bloqueos y silencio total.
Una creciente ola de denuncias tiene en la mira a un Centro de Enseñanza Automovilística en Duitama, conocido como Practicar, donde decenas de ciudadanos aseguran haber pagado cursos completos sin recibir el certificado necesario para tramitar su licencia de conducción. El caso ha encendido las alarmas por presuntas estafas que, según los afectados, se viene gestando desde inicios de 2026.
Todo comenzó en enero, cuando los estudiantes empezaron a notar cancelaciones constantes de clases teóricas y prácticas, muchas de ellas sin previo aviso ni justificación. Aunque algunas sesiones alcanzaron a ser registradas en el sistema del RUNT, la situación empeoró en marzo, cuando las actividades fueron suspendidas de manera indefinida, dejando a los usuarios en un limbo total.
La preocupación no solo radica en la falta de formación, sino en el dinero invertido. Varios denunciantes aseguran haber pagado la totalidad de los cursos exigidos por la normativa, confiando en completar el proceso de manera regular. Sin embargo, hoy no tienen respuestas claras, ni garantías de reembolso, ni fechas de reanudación.
El panorama se torna aún más crítico al conocerse que los vehículos y motocicletas del centro ya no están operando en la ciudad, lo que refuerza las sospechas de una posible irregularidad. A esto se suma el silencio del personal administrativo, que, según los afectados, evita dar explicaciones concretas sobre lo ocurrido.
Otro punto que genera alarma es el vencimiento de documentos. Muchos usuarios ya realizaron los exámenes médicos obligatorios, los cuales tienen una vigencia limitada. Si el proceso no se retoma pronto, perderían ese dinero adicional, aumentando el impacto económico de la situación.
Mientras tanto, fuentes extraoficiales indican que el centro estaría bajo intervención de la Superintendencia de Transporte, lo que podría explicar la paralización de actividades. No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que esclarezca el futuro de los estudiantes afectados ni las responsabilidades frente a lo ocurrido.
La falta de respuesta institucional también ha sido cuestionada. Se intentó obtener información por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Duitama, pero al cierre de esta edición no hubo declaraciones por parte de Sonia Astrid Rojas, lo que incrementa la incertidumbre entre los usuarios.
Este caso no solo evidencia una posible estafa, sino que deja al descubierto fallas en los mecanismos de control sobre estos centros de formación. Para muchos, no se trata solo de perder dinero, sino de ver truncado un proceso clave para su vida laboral.
Ahora, la presión crece para que las autoridades intervengan y aclaren si se trata de una irregularidad administrativa o de un fraude que podría afectar a más personas. Mientras tanto, los afectados siguen esperando respuestas… y una solución que no llega
