El Pacto Histórico, principal fuerza de oposición tras la derrota presidencial de 2026, enfrenta una crisis pública de unidad que amenaza su cohesión tanto en Bogotá como en sus bastiones territoriales. La senadora Carolina Corcho ha cuestionado públicamente decisiones de su propia bancada, mientras sectores cercanos a Iván Cepeda y Gustavo Petro defienden autonomía legislativa, exponiendo fracturas que van más allá de desacuerdos tácticos.
El conflicto se encendió con la votación de cinco congresistas del Pacto —Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra— en favor de una proposición que buscaba traspasar el expediente contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor Jesús María Valle (hechos de 1996-1998, cuando era gobernador de Antioquia) de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Corcho calificó la decisión como «inaceptable» y cuestionó en redes sociales cómo era posible que congresistas del Pacto «terminen aliados del Centro Democrático». Argumentó que la Corte Suprema declaró estos crímenes como de lesa humanidad e imprescriptibles en 2018, y que la competencia es exclusiva de la Fiscalía porque los hechos son anteriores a la presidencia de Uribe.
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La bancada respondió con un comunicado en el que negó «acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas». Sin embargo, el choque se tornó personal cuando Corcho exigió explicaciones a sus propios congresistas. Iván Cepeda respondió que no aceptaba «lecciones de ética» en un tema en el que él ha sostenido procesos contra crímenes de Estado, y reafirmó que la Fiscalía debe mantener la competencia. El abogado Miguel Ángel del Río respaldó a Corcho argumentando que «nada justifica» el voto de los cinco congresistas, aunque voces internas reconocen que no tenían mayorías para frenar la proposición.
