El movimiento Pacientes Colombia alertó que la inacción del Gobierno y la falta de decisiones efectivas de la Corte Constitucional agravan el deterioro del sistema de salud y vulneran los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. Según la organización, el reciente auto 1283 de 2025 confirma que el Ejecutivo continúa sin garantizar la atención médica ni la entrega oportuna de medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de personas con diagnósticos críticos.
La agrupación recordó que los incumplimientos de los autos 007 y 504, relacionados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), han afectado directamente la atención de pacientes en todo el país, demostrando la falta de control sobre los compromisos adquiridos por el Estado. Denis Silva, vocero del movimiento, expresó que “es inaceptable que la Corte siga otorgando prórrogas y mantenga su silencio, mientras los incumplimientos se traducen en muertes y abandono sanitario”.
Reclamos por la falta de sanciones y los plazos excesivos
Pacientes Colombia calificó los plazos fijados en el auto 1283 como “extensos y permisivos”, y cuestionó que la Corte no haya establecido mecanismos claros de sanción frente a los reiterados incumplimientos del Gobierno. Silva exigió respuestas contundentes y preguntó quién asumirá la responsabilidad por el deterioro de la salud de los pacientes mientras los plazos se prolongan.
Además, la organización denunció que la demora en la ejecución de las órdenes judiciales genera inseguridad jurídica y nuevas barreras de acceso a tratamientos médicos esenciales, afectando especialmente a pacientes con enfermedades raras o crónicas. Según datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), entre enero y agosto de 2025 han muerto 1.501 pacientes con patologías poco frecuentes, una cifra alarmante que supera los promedios de años anteriores.
Propuestas para fortalecer la vigilancia y garantizar resultados inmediatos
El movimiento propuso medidas concretas de seguimiento que incluyan informes mensuales del Ministerio de Salud sobre el pago de deudas y la entrega de medicamentos. También solicitó vigilancia permanente de la Contraloría, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento de los tratamientos.
Respecto a la política farmacéutica, Pacientes Colombia insistió en que no se requiere una nueva ley, sino aplicar la política vigente establecida en la Ley Estatutaria de Salud, la cual define criterios de acceso, calidad y transparencia en precios. Finalmente, la organización pidió a la Corte ejercer presión directa sobre el Gobierno para que actúe sin más dilaciones y salve vidas, subrayando que la protección del derecho a la salud no puede seguir postergándose mediante decisiones administrativas que perpetúan los problemas estructurales del sistema.
