La captura de un firmante del acuerdo de paz vinculado a un cargamento de cocaína transportado en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) generó una nueva controversia alrededor de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y puso nuevamente bajo cuestionamiento el uso de los esquemas de seguridad entregados por el Estado.
El caso provocó reacciones políticas y cuestionamientos hacia el manejo de los beneficios otorgados a algunos integrantes de procesos de reincorporación y personas reconocidas como actores dentro de los diálogos de paz.
El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, se pronunció sobre el episodio y defendió la necesidad de diferenciar entre los objetivos de la política de paz y las acciones individuales de quienes puedan aprovecharse de los mecanismos institucionales para cometer delitos.
¿Qué ocurrió con la camioneta de la UNP?
El caso se conoció cuando autoridades encontraron 74 kilos de clorhidrato de cocaína dentro de una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte de un esquema de seguridad.
Según la información entregada por la propia UNP, durante un procedimiento de control realizado en la vía entre Popayán e Ibagué fueron encontrados paquetes de droga ocultos en diferentes compartimentos del vehículo, incluyendo las sillas traseras y las puertas de la camioneta.
En el operativo fueron capturados:
- El protegido que viajaba en el vehículo.
- El conductor asignado por la UNP.
- Un escolta perteneciente al esquema de seguridad.
Las autoridades iniciaron una investigación penal por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
¿Quién era el capturado?
El hombre capturado fue identificado como Arlez Porras Gómez, conocido con los alias de “Cucaracho” o “Yesid Guevara”, un antiguo integrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y firmante del Acuerdo de Paz de 2016.
Durante su etapa dentro de la antigua guerrilla hizo parte de estructuras con presencia en regiones como Nariño y Cauca. Tras la firma del acuerdo de La Habana inició un proceso de reincorporación, aunque posteriormente quedó involucrado en una investigación por el transporte de estupefacientes.
El caso generó críticas debido a que el vehículo utilizado pertenecía a la UNP, entidad encargada de brindar protección a personas en situación de riesgo, incluyendo líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas vinculadas a procesos de paz.
La reacción de Otty Patiño y la defensa de la política de Paz Total
Tras conocerse el episodio, la discusión política se concentró en si casos como este representan fallas dentro del modelo de negociación y protección impulsado por el Gobierno Petro.
Otty Patiño ha sostenido que la política de Paz Total no significa permitir actividades ilegales ni otorgar permisos para cometer delitos. Desde la Consejería de Paz han señalado que los vehículos de protección tienen como único propósito garantizar seguridad y que cualquier uso irregular debe ser investigado y sancionado.
El funcionario también ha enfrentado anteriormente cuestionamientos relacionados con el uso de vehículos de la UNP por parte de integrantes de grupos armados o personas vinculadas a procesos de negociación. En 2024, la entidad aclaró que los esquemas de protección no están destinados a facilitar operaciones ilegales y que los beneficiarios deben cumplir con las normas establecidas.
El debate sobre los vehículos de la UNP
La controversia no es nueva. En los últimos años, varios casos han puesto la lupa sobre el uso de vehículos oficiales asignados a la UNP.
La entidad ha insistido en que los automotores entregados dentro de esquemas de protección tienen una función específica: proteger la vida e integridad de personas amenazadas.
Sin embargo, diferentes sectores políticos han cuestionado si existe suficiente control sobre quién utiliza estos vehículos y cuáles son los mecanismos de supervisión.
El Gobierno ha defendido que los procesos de diálogo requieren brindar garantías de seguridad a quienes participan en negociaciones, mientras que sus críticos argumentan que esos beneficios pueden ser aprovechados por personas que continúan vinculadas con economías ilegales.
Un nuevo golpe a la confianza en los procesos de paz
El episodio ocurrió en medio de una discusión más amplia sobre la estrategia de Paz Total, una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro para buscar negociaciones con diferentes grupos armados y estructuras criminales.
Los defensores de la política aseguran que los procesos de transición requieren ofrecer garantías para que antiguos combatientes abandonen definitivamente la ilegalidad.
Por otro lado, sectores opositores han señalado que algunos beneficios pueden terminar siendo utilizados por personas que mantienen actividades relacionadas con narcotráfico u otros delitos.
La captura del firmante de paz reavivó precisamente esa discusión: hasta dónde debe llegar el Estado en la entrega de garantías y cómo debe responder cuando algunos beneficiarios presuntamente incumplen la ley.
Investigación continúa
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de las personas capturadas y establecer si existió participación adicional de terceros.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso continúa siendo utilizado como argumento dentro del debate político nacional sobre seguridad, narcotráfico, reincorporación y los alcances de la política de paz del Gobierno Petro.
