El alcalde de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, Víctor Adolfo Gamboa, se encuentra en la cárcel sindicado de corrupción, en medio de una gran controversia, puesto que muchos de sus gobernados, consideran que es víctima de una injusticia.
Lo cierto es que su relación con la poderosa familia Solarte del departamento de Nariño, es la causa para que el mandatario municipal atraviesa por estos momentos amargos, puesto que se le acusa de corrupción por supuestamente haber aceptado coimas.
La historia se inició con el pleito legal por la construcción de una mansión que excedió los límites permitidos e involucra a una poderosa familia y a un alcalde que defiende su inocencia a pesar del manto de duda que pesa sobre su accionar.
La cuestión es que a finales de 2020, la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. desembolsó 2.000 millones de pesos por un predio llamado San Cayetano en la vereda Sabana, en las afueras del municipio de Villa de Leyva.
Se trata de una empresa de propiedad de María Victoria Solarte Daza, una mujer cuyo apellido carga con historia y con pleitos: es parte de la familia que durante décadas dominó las grandes concesiones viales de Colombia y que lleva años enredada en disputas por el control de las constructoras que sus padres y tíos levantaron.
Una vivienda “sencilla”
Lo que se sabe es que la licencia que obtuvo Inversiones San Jacinto en 2022 por parte de la alcaldía de Villa de Leyva, era para construir una vivienda unifamiliar de un solo piso. En síntesis, una construcción sencilla, por lo que el área autorizada fue de 550 metros cuadrados. Pero lo que terminó edificándose en San Cayetano fue una mega hacienda que supera los 5.200 metros cuadrados con dos lagos artificiales, pesebreras de dos niveles y hasta una capilla. Una hacienda que hoy se avalúa en más de 6 millones de dólares, levantada en un lote que en 2022 costó 2 mil millones de pesos.
Una sonada detención
Lo cierto es que el pasado 7 de mayo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. La detención fue en la plaza principal del municipio, a pocos metros de su despacho. Los cargos que enfrenta son concusión y prevaricato. Según el ente acusador, Gamboa habría exigido el 20 por ciento del valor de la obra a Solarte Daza, a cambio de aprobar una modificación a la licencia de construcción. Una modificación que convirtió el proyecto de una casita “modesta”, en una mega mansión.
Además, habría pedido que contrataran a un conocido suyo con un sueldo de 13 millones de pesos mensuales. La Fiscalía tiene audios de la presunta solicitud de las coimas a la propia María Victoria Solarte Daza.
Toda clase de líos
La licencia original para lo que sería una casa familiar de descanso fue firmada por el entonces secretario de Planeación Carlos Alfredo Vargas Rodríguez. Para septiembre de 2023, los dueños del predio, que no tenían licencia para el cambio en la construcción, ya habían superado con creces el límite original y fue ahí cuando solicitaron una modificación a la licencia. El alcalde Gamboa la negó en 2024, alegando que la obra violaba el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y generaba afectaciones ambientales.
La asesora jurídica del municipio, Elizabeth Patiño Zea, explicó que para ese momento ya estaba construida la vivienda principal, las pesebreras de dos niveles y la capilla, todo por fuera de lo autorizado inicialmente. El municipio pidió la nulidad del proceso y solicitó medidas cautelares. Inversiones San Jacinto demandó al municipio. Un juzgado administrativo de Boyacá confirmó la nulidad. La firma fue sancionada con una multa de 232 millones de pesos y se ordenó la demolición de la obra.
Una versión diferente
Pero la versión de Solarte Daza y su defensa, liderada por el abogado Alejandro Cadena, es otra. Según pruebas presentadas en las audiencias de legalización de captura, fue el propio alcalde quien contactó a María Victoria para exigirle el soborno, y ella lo rechazó. Los audios que entregó la defensa, en los que se escucha al funcionario pidiendo el pago, habrían sido grabados el 4 y 5 de marzo de 2025. La sanción municipal llegó en abril. Para Cadena, la secuencia no es coincidencia: la multa y la orden de demolición fueron represalia por no ceder a las exigencias del alcalde. La Fiscalía, que imputó prevaricato por acción contra Gamboa, parece estar de acuerdo con esa lectura, al menos en parte.
La defensa contrataca
La defensa del alcalde, encabezada por el penalista José Ricardo Burgos, rechaza esa versión. Burgos dice que se trata de un entrampamiento, que pedirá un cotejo de los audios, y señala que fue la propia empresa la que contrató a un cercano del mandatario para acercarse a él y conseguir los permisos. Según el abogado, ese contratado, Juan Camilo Sánchez, fue vinculado en marzo de 2025 y los señalamientos contra el alcalde solo surgieron cuando se ordenó la demolición.
TITULO (RECUADRO)
Una agitada historia
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Carlos Alberto Solarte Solarte y su hermano Luis Héctor construyeron desde el departamento de Nariño uno de los grupos de ingeniería más grandes de Colombia. Empezaron en 1966 con diez kilómetros de carretera entre El Tablón y Las Mesas, y décadas después controlaban el 13 por ciento de las concesiones viales del país. Cuando Luis Héctor murió en mayo de 2012 a los 63 años, la unidad que sostenía el negocio familiar se fracturó. Su viuda Nelly Daza y su hija María Victoria iniciaron una guerra legal contra Carlos Alberto Solarte y sus herederos por el control de CSS Constructores.
Hubo demandas arbitrales ante la Cámara de Comercio de Bogotá, procesos ante la Superintendencia de Sociedades y recursos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. La disputa forzó la ruptura definitiva: Carlos Alberto se independizó con sus hijos y abrió CASS Constructores en el kilómetro 21 de la Autopista Norte. María Victoria quedó del lado materno del pleito, como accionista de CSS Constructores.
