Fabio Ignacio Mejía Blanco, exmagistrado/foto: archivo particular.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo libró una orden de captura contra el exmagistrado Fabio Ignacio Mejía Blanco, con el propósito de hacer efectiva la condena que le fue impuesta dentro de un proceso penal que se extendió durante varios años.
La decisión establece una pena de 84 meses de prisión, equivalentes a siete años, además del pago de una multa correspondiente a 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.
De acuerdo con la providencia judicial, el despacho determinó que el condenado deberá cumplir la pena bajo el beneficio de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta las condiciones de salud que fueron acreditadas dentro de la actuación. Sin embargo, la expedición de la orden de captura constituye el mecanismo mediante el cual se inicia formalmente la ejecución de la sentencia.
El procedimiento implica que las autoridades competentes deberán adelantar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la medida y garantizar que el condenado quede a disposición de la justicia bajo las condiciones establecidas por el juzgado.
Tras conocerse la determinación, el abogado José Luis Valenzuela, representante judicial del empresario Arnulfo Grimaldos Blanco, una de las personas afectadas dentro del proceso, destacó la decisión como un paso relevante para materializar las determinaciones adoptadas durante el trámite judicial.
Valenzuela recordó que asumió la representación de la víctima en 2017 y señaló que la actuación penal ha requerido varios años hasta llegar a esta etapa. Según manifestó, el inicio de la ejecución de la sentencia representa el cierre de un capítulo dentro de un proceso prolongado y permite avanzar hacia el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los jueces.
El abogado también sostuvo que la aplicación de la condena constituye una señal de respeto por las decisiones judiciales y por el principio de igualdad ante la ley, independientemente del cargo o responsabilidad que una persona haya desempeñado anteriormente. Con la orden emitida por el juzgado, comienza una nueva fase del proceso, centrada en hacer efectiva la pena, la sanción económica y las restricciones sobre el ejercicio de derechos y funciones públicas establecidas en la sentencia.
