La reciente decisión del Consejo de Estado reavivó el debate sobre la calidad de la atención obstétrica en el sur del Huila, luego de que la alta corte ordenara al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito pagar más de $500 millones por la muerte de Sandra Milena Cruz Cuéllar, ocurrida en noviembre de 2008. El fallo concluye que la institución incurrió en una falla probada del servicio al no brindar una actuación médica oportuna y adecuada frente a las complicaciones que presentó la paciente.
Sandra Milena, de 24 años, ingresó a la entidad el 12 de noviembre en trabajo de parto y fue sometida a una cesárea. Tras el procedimiento, desarrolló una atonía uterina, condición que derivó en una hemorragia severa por la pérdida de aproximadamente 1.500 cc de sangre, un cuadro que, según el Consejo de Estado, exigía intervención urgente, transfusión y seguimiento estricto. La joven fue remitida a la Clínica Medilaser en Neiva, donde lamentablemente falleció al día siguiente.
El proceso judicial, que se extendió por más de una década, reveló además un hecho que generó controversia: el informe técnico inicial del Instituto Nacional de Medicina Legal incluyó información tomada de Wikipedia, elemento que restó rigor científico a la valoración. Esta irregularidad llevó al tribunal a solicitar un nuevo dictamen especializado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, cuyo análisis confirmó que la atención brindada por el hospital fue tardía y deficiente.
La sentencia ordena indemnizar al esposo y a los hijos de la víctima con 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) para cada uno, además del reconocimiento de $276.695.424 por lucro cesante. La decisión reafirma la obligación de las instituciones hospitalarias de garantizar el cumplimiento integral de los protocolos de atención en casos obstétricos de alto riesgo.
Ante el impacto del fallo, la gerente del hospital, Diana Marcela Conde Martín, señaló que la entidad acatará la decisión judicial y reforzará la capacitación del personal, los mecanismos de supervisión interna y la calidad de los procesos clínicos. Asimismo, destacó que la institución viene adelantando un plan de mejora orientado a garantizar una atención segura, humanizada y basada en evidencia científica.
El caso, además de su peso jurídico, deja en evidencia la necesidad de fortalecer los estándares de atención materna y los sistemas de control médico, para evitar que tragedias como esta se repitan en el departamento.
