En desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Infantería N.º 2 Mariscal Antonio José de Sucre, adscrito a la Primera Brigada del Ejército Nacional, adelantaron una operación conjunta con la Policía Nacional en el sector El Silencio, vereda Coscuez, municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá. La acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía 30 Local de Chiquinquirá, como parte de las estrategias de control territorial en zonas rurales con presencia de actividades ilícitas.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre señalado por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 del Código Penal Colombiano. La intervención se desarrolló tras labores previas de inteligencia que permitieron ubicar el punto donde, al parecer, se almacenaba el material incautado.
En el lugar fueron hallados un revólver calibre 38, cinco cartuchos del mismo calibre, cerca de 600 barras de material explosivo, un bulto de cloruro de potasio y un rollo de bolsa tipo manguera, elementos que, según el reporte oficial, podrían ser utilizados para actividades de minería ilegal o para la manipulación de explosivos en entornos no autorizados. Las autoridades advirtieron que este tipo de materiales representa un riesgo significativo para la seguridad de la población civil y para la estabilidad de las zonas rurales.
El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantan las audiencias preliminares para definir su situación jurídica. El Ejército Nacional destacó este resultado como un avance en la lucha contra los factores de inestabilidad que afectan algunas regiones del occidente de Boyacá, especialmente aquellas asociadas a la explotación minera informal e ilegal.
No obstante, el caso también pone en evidencia la persistencia de estructuras y prácticas ilícitas en estos territorios. En este sentido, analistas y autoridades locales coinciden en que, además de los operativos militares y policiales, se requieren estrategias integrales que incluyan inversión social, presencia institucional sostenida y alternativas económicas para las comunidades, con el fin de atacar las causas estructurales de estas problemáticas.
