Alcalde de Tópaga José Juvenal Torres Cristancho / Foto: archivo particular
Un fuerte operativo realizado este lunes en el municipio de Tópaga, Boyacá, terminó con la deshabilitación de cerca de 16 bocaminas ubicadas en la vereda San José, sector Peña de las Águilas, generando tensión entre las autoridades y decenas de familias que dependen de la minería informal para subsistir.
La intervención fue ejecutada por varias entidades del orden departamental y nacional en cumplimiento de medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, decisión judicial que busca frenar actividades mineras en la zona ante presuntos riesgos geológicos que podrían afectar la estabilidad del terreno y poner en peligro a la comunidad.
En el operativo participaron uniformados del Departamento de Policía de Boyacá, Ejército Nacional, Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Corpoboyacá, Gestión del Riesgo, Migración Colombia, ICBF, Procuraduría Seccional Sogamoso y funcionarios de la Alcaldía de Tópaga, entre otras instituciones. Sin embargo, la intervención provocó molestia entre los llamados mineros ancestrales, quienes aseguran que las autoridades no han escuchado sus peticiones ni han ofrecido alternativas reales para las cerca de 400 familias que dependen directamente de esta actividad económica.
Los trabajadores cuestionaron la forma en la que se adelantó el procedimiento, denunciando afectaciones a maquinaria y equipos utilizados para la extracción minera. Según manifestaron varios líderes del sector, el problema no solo es el cierre de las bocaminas, sino la falta de diálogo previo y de soluciones concretas para quienes quedarían sin sustento económico. Los mineros también solicitaron estudios técnicos actualizados que permitan verificar si realmente existen riesgos geológicos de gran magnitud en la zona.
Aseguran que actualmente no se evidencian deslizamientos ni situaciones que representen una amenaza inmediata para la comunidad, por lo que consideran que el fallo judicial debe revisarse con mayor profundidad técnica y social. La situación ha dejado al descubierto una problemática que desde hace años genera debate en Boyacá: la tensión entre las decisiones ambientales y judiciales frente a la realidad económica de cientos de familias que históricamente han vivido de la minería informal. Hasta el cierre de esta edición, ni la Gobernación de Boyacá ni la Alcaldía de Tópaga habían emitido un pronunciamiento oficial detallando los alcances del operativo, el balance de las intervenciones ni las posibles medidas de apoyo para las familias afectadas.
