En una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Jamundí, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional lograron intervenir y destruir de manera controlada dos unidades productoras mineras que eran utilizadas para la extracción ilícita de oro. La acción se llevó a cabo en el sector de Bocas de Palo, sobre afluentes del río Cauca, gracias a labores de inteligencia militar y el apoyo de unidades especializadas.
Durante la intervención fueron halladas dos dragas tipo buzo y ocho motores industriales, maquinaria que posteriormente fue inutilizada con el propósito de impedir su reutilización en actividades ilegales. De acuerdo con información de inteligencia, estos elementos estarían vinculados a las economías ilícitas del GAO-r Estructura Jaime Martínez, Columna Ricardo Velásquez, organización criminal que delinque en la región y que se financia en parte de la explotación ilegal de yacimientos mineros.
La maquinaria intervenida representa una afectación económica aproximada de 146 millones de pesos. Asimismo, se estima que las unidades tenían capacidad para facilitar la extracción de cerca de 3.000 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el comercio podría alcanzar aproximadamente 1.500 millones de pesos. Estos recursos, según las autoridades, habrían sido destinados al sostenimiento logístico y financiero de la estructura armada ilegal, lo que evidencia la importancia de la operación en la lucha contra las economías ilícitas.
El comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, coronel Gabriel Andrés Majé Gómez, destacó que este resultado refleja el compromiso de las Fuerzas Militares en la protección de los recursos naturales y en la afectación directa de las fuentes de financiamiento de los grupos armados organizados residuales. “Con estas acciones debilitamos las estructuras criminales y contribuimos a la seguridad de las comunidades del Valle del Cauca”, señaló el oficial.
Además del impacto en las finanzas de las organizaciones ilegales, la operación aporta a mitigar los efectos ambientales generados por la explotación ilícita de yacimientos mineros. Este tipo de actividad ocasiona alteraciones en los cauces de los ríos, remoción de material, afectación de la cobertura vegetal y deterioro de los componentes agua, suelo y aire, con consecuencias que pueden prolongarse durante décadas. La intervención militar, en ese sentido, también se convierte en una medida de protección ambiental y de preservación de los recursos naturales de la región.
Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operaciones sostenidas contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los vallecaucanos. El Ejército Nacional mantiene su despliegue en el departamento con el objetivo de neutralizar las economías ilícitas y garantizar condiciones de seguridad para la población civil.
