En un giro histórico y sin precedentes para la geopolítica de América Latina, fuerzas militares de los Estados Unidos capturaron en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. La operación, descrita por Washington como un ataque «quirúrgico y poderoso», incluyó bombardeos estratégicos en Caracas y otras regiones, dejando al país sudamericano bajo un control militar externo y en estado de conmoción total.
Cargos en Nueva York y detalles de la captura
Tras su detención, Maduro y Flores fueron trasladados de inmediato a Nueva York. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que ambos enfrentan cargos graves por conspiración narcoterrorista e importación de cocaína. Bondi aseguró que los detenidos enfrentarán «toda la ira de la justicia» en suelo estadounidense.
El presidente Donald Trump detalló que la captura ocurrió en una residencia fortificada y que, pese a la resistencia de las fuerzas venezolanas, estas fueron «neutralizadas rápidamente». Trump confirmó que no se registraron bajas estadounidenses, aunque los reportes desde Caracas describen una ciudad sumida en el caos, con cortes de electricidad y daños severos en puntos clave como la base aérea de La Carlota y el puerto de La Guaira.
El futuro político y económico
En una rueda de prensa desde Florida, Trump anunció que Estados Unidos «dirigirá» Venezuela hasta que se consolide una «transición segura y adecuada». Si bien no precisó nombres de líderes opositores para asumir el poder, fue enfático en la reestructuración económica. Afirmó que empresas estadounidenses entrarán al país para reconstruir la infraestructura petrolera, calificando la gestión anterior como un «fracaso total».
Reacciones internacionales y tensión regional
La respuesta global no se hizo esperar. Mientras el subsecretario de Estado, Christopher Landau, celebraba un «nuevo amanecer» para Venezuela, aliados históricos de Caracas como Rusia, Cuba y Brasil condenaron la acción. El presidente brasileño, Lula da Silva, calificó el ataque como una «afrenta gravísima a la soberanía» y un precedente peligroso. Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció una «agresión colonial» y declaró el estado de conmoción exterior antes de que su paradero se volviera incierto.
Este evento marca el inicio de una era de incertidumbre en la región, con una Venezuela bajo administración directa de Washington y una comunidad internacional dividida ante la legalidad del uso de la fuerza militar para forzar un cambio de régimen.