Una fuerte presión nacional e internacional se ha generado en las últimas horas luego de que el ELN anunciara un polémico “juicio revolucionario” contra agentes del CTI y policías secuestrados en Colombia. ¿Qué está pasando? El grupo armado “condenó” a cuatro funcionarios (dos del CTI y dos policías) a penas de hasta 5 años de “prisión revolucionaria”, lo que en la práctica significa mantenerlos secuestrados. Las víctimas fueron retenidas desde 2025 en Arauca, y su situación ha generado alarma en instituciones y organismos internacionales. Reacción de la ONU, Fiscalía y Corte Suprema La ONU Derechos Humanos rechazó el hecho y pidió la liberación inmediata y sin condiciones, calificándolo como privación arbitraria de la libertad. La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia exigieron también la liberación, señalando que ningún grupo armado puede ejercer funciones judiciales. Ambas entidades insistieron en que este tipo de actos violan el Derecho Internacional Humanitario y afectan los esfuerzos de paz. Gobierno y comunidad internacional La delegación de paz del Gobierno pidió al ELN un “gesto humanitario” liberando a los secuestrados sin condiciones. También se han activado gestiones con actores internacionales y la Iglesia para buscar su liberación. Contexto clave El secuestro sigue siendo uno de los principales obstáculos en el proceso con el ELN. Los diálogos de paz con este grupo están suspendidos desde 2025, en medio de una escalada de violencia. ¿Por qué es grave? El ELN está asumiendo funciones de justicia, algo que solo corresponde al Estado. Se legitima el secuestro como castigo, lo que ha sido rechazado ampliamente. Complica cualquier posibilidad de retomar negociaciones de paz. En resumen: hay un rechazo unificado —Gobierno, justicia colombiana y ONU— exigiendo la liberación inmediata de los agentes, mientras crece la presión para que el ELN dé una señal real de voluntad de paz.




