La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado una profunda preocupación por las recientes deportaciones masivas realizadas por Estados Unidos, en las que cientos de migrantes, incluidos venezolanos y salvadoreños, fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Según el comunicado oficial, Türk señaló que estas deportaciones plantean serias inquietudes respecto a la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, tanto en el marco de las leyes estadounidenses como del derecho internacional. Entre las denuncias destacadas, se reporta el uso de cadenas para inmovilizar a los detenidos y el empleo de un lenguaje humillante, prácticas que contravienen los principios de dignidad humana y respeto a los derechos básicos.
El origen de esta situación se remonta a una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, quien en marzo invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar las deportaciones de presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Esta ley, prácticamente en desuso desde la Guerra de 1812, fue reactivada tras declarar a seis cárteles mexicanos, la MS-13 y el Tren de Aragua como “organizaciones terroristas globales”.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recibir a los migrantes deportados incluyó un desembolso de seis millones de dólares en fondos estadounidenses, según informes de la Casa Blanca. No obstante, el paradero de al menos 245 venezolanos y 30 salvadoreños enviados a la prisión salvadoreña sigue siendo desconocido, mientras que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han proporcionado listas oficiales de detenidos.
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante esta política, y recientemente un juez federal en Texas declaró ilegal el uso de la Ley de 1798 para deportaciones, mientras que la Corte Suprema y otros tribunales han ordenado suspensiones temporales de las expulsiones.
El Alto Comisionado Türk hizo un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para que garanticen el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, asegurando transparencia sobre su situación y acceso a un debido proceso legal.