Sudán del Sur se aproxima a sus primeras elecciones nacionales desde la independencia en medio de una profunda crisis política, militar y humanitaria. Una comisión de expertos de Naciones Unidas advierte que celebrar los comicios sin garantías suficientes podría reactivar el conflicto y aumentar el riesgo de crímenes atroces.
Sudán del Sur se encuentra ante uno de los momentos más delicados de su corta historia como Estado independiente. A pocos meses de las elecciones nacionales previstas para el 22 de diciembre de 2026, una comisión de expertos de Naciones Unidas lanzó una advertencia contundente: el país corre un riesgo elevado de sufrir una nueva escalada de violencia y posibles crímenes atroces si los comicios se celebran sin las condiciones políticas, institucionales y de seguridad necesarias.
La advertencia fue emitida el 20 de agosto de 2026 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Sudán del Sur, un organismo independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En un nuevo informe consultivo, titulado At the Brink: Preventing Atrocity Crimes and Safeguarding South Sudan’s Transition —“Al borde: prevenir los crímenes atroces y proteger la transición de Sudán del Sur”—, los expertos señalaron que varios factores de riesgo están coincidiendo al mismo tiempo.
La preocupación internacional no se centra en la celebración de elecciones como tal. La comisión reconoce que la población de Sudán del Sur tiene derecho a votar y elegir libremente a sus representantes después de años de transición política. El problema, según los expertos, es que el país podría acudir a las urnas con conflictos armados activos, instituciones debilitadas, un espacio cívico reducido, escasa rendición de cuentas y una participación política todavía excluyente.
En ese escenario, las elecciones podrían dejar de ser una herramienta para consolidar la paz y convertirse en un nuevo foco de enfrentamiento.
Un país que todavía no ha logrado cerrar su ciclo de guerra
Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán en 2011, convirtiéndose en el Estado más joven del mundo. Sin embargo, apenas dos años después, en 2013, el país cayó en una devastadora guerra civil vinculada a la lucha por el poder entre el presidente Salva Kiir y el entonces vicepresidente Riek Machar, además de profundas divisiones políticas, militares y comunitarias.
El conflicto provocó asesinatos masivos, desplazamientos, violencia sexual, destrucción de infraestructura y una enorme crisis humanitaria. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
En 2018, las principales partes enfrentadas firmaron el Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur, conocido como R-ARCSS, con el objetivo de poner fin a la guerra y establecer una transición política que desembocara finalmente en elecciones.
El acuerdo contemplaba reformas fundamentales, entre ellas la reorganización y unificación de las fuerzas de seguridad, reformas constitucionales, mecanismos de justicia y la creación de condiciones para unas elecciones democráticas.
Sin embargo, gran parte de esos compromisos continúa pendiente.
La ONU ha advertido reiteradamente que la implementación incompleta del acuerdo está debilitando las bases sobre las que debería construirse la transición. En agosto de 2026, la Comisión de Derechos Humanos señaló que el 46,4 % de las disposiciones del acuerdo todavía estaban pendientes de aplicación, mientras la unificación de las fuerzas nacionales continuaba incompleta y los enfrentamientos armados habían regresado a distintas regiones.
Las elecciones están previstas para el 22 de diciembre
Los comicios previstos para diciembre representan un momento histórico: serían las primeras elecciones nacionales desde la independencia de Sudán del Sur en 2011.
No obstante, llegar hasta esta fecha ha sido un proceso marcado por múltiples retrasos.
Las elecciones inicialmente previstas durante la transición fueron aplazadas en varias ocasiones debido a la falta de avances en asuntos fundamentales como la seguridad, la elaboración de una Constitución permanente, el registro electoral y otras reformas institucionales.
En 2024, las autoridades acordaron extender nuevamente el periodo de transición y trasladaron los comicios a diciembre de 2026. Naciones Unidas ha insistido desde entonces en que el tiempo disponible para organizar unas elecciones creíbles es cada vez más limitado.
En abril de 2026, la misión de Naciones Unidas en el país, UNMISS, señaló que los preparativos electorales seguían enfrentando problemas de financiación y que todavía estaban pendientes importantes aspectos jurídicos y de seguridad.
En agosto, la jefa de UNMISS, Anita Kiki Gbeho, volvió a expresar preocupación por la posibilidad de que el país llegue a diciembre sin haber establecido las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, pacíficas e inclusivas.
¿Por qué la ONU considera tan peligroso el escenario actual?
La Comisión de Derechos Humanos sostiene que no existe un único problema que explique el riesgo. Lo que genera alarma es la convergencia de varios factores de riesgo.
Entre ellos aparecen:
- El regreso de los enfrentamientos armados en distintas zonas.
- La fragmentación de las fuerzas políticas y militares.
- El debilitamiento de las instituciones.
- La reducción del espacio para la participación política y cívica.
- La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
- La impunidad frente a graves abusos.
- La exclusión de determinados sectores políticos.
- La retórica inflamatoria.
- La debilidad de los mecanismos de supervisión del alto el fuego.
- La falta de garantías suficientes para resolver disputas electorales de manera independiente.
Los expertos consideran especialmente preocupante que estos factores se estén desarrollando simultáneamente.
La comisión explicó que, de acuerdo con el marco de análisis de Naciones Unidas para la prevención de crímenes atroces, varios indicadores de riesgo están presentes y se están intensificando. Entre las categorías de delitos que podrían aumentar se encuentran genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y limpieza étnica.
Esto no significa que Naciones Unidas esté afirmando que esos crímenes vayan a producirse inevitablemente. La advertencia es preventiva: los expertos consideran que existen condiciones que podrían facilitar una nueva ola de violencia si no se toman medidas urgentes.
El conflicto armado ya está regresando a varias regiones
Uno de los principales motivos de preocupación es que Sudán del Sur no llega a las elecciones en una situación de paz consolidada.
Los enfrentamientos han vuelto a registrarse en diferentes partes del territorio, especialmente en zonas de Jonglei, Alto Nilo y Unity, además de incidentes y violencia en otras regiones.
La situación ha generado desplazamientos de población y ha aumentado la presión sobre comunidades que ya enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua, servicios médicos y protección.
Según información presentada ante el Consejo de Seguridad, entre agosto de 2025 y enero de 2026 se registraron 407 violaciones del alto el fuego, una señal de la fragilidad de los acuerdos destinados a mantener la estabilidad.
La misión de Naciones Unidas también ha advertido que los enfrentamientos, las detenciones arbitrarias y la violencia contra civiles continúan afectando el proceso de transición.
La situación política también se ha deteriorado
La crisis no se limita al ámbito militar.
La relación entre las distintas fuerzas políticas continúa marcada por la desconfianza, mientras que la participación de algunos sectores de la oposición en las estructuras de transición se ha visto afectada por detenciones y rupturas políticas.
Uno de los casos más sensibles es el de Riek Machar, antiguo vicepresidente y uno de los principales líderes de la oposición.
Su detención y el proceso judicial en su contra han generado preocupación internacional porque puede profundizar la polarización entre el Gobierno y sectores de la oposición.
Naciones Unidas ha señalado que la detención de líderes opositores y la falta de un proceso político verdaderamente inclusivo pueden convertirse en factores que incrementen las tensiones antes de las elecciones. En julio de 2026, distintas intervenciones ante organismos internacionales volvieron a reclamar avances en materia de rendición de cuentas y respeto por las garantías procesales.
La Comisión de Derechos Humanos pidió además que los dirigentes opositores detenidos, incluido Machar, sean liberados o llevados ante un tribunal independiente e imparcial mediante procedimientos que respeten plenamente las garantías del debido proceso.
El espacio para la oposición y la sociedad civil preocupa a los expertos
Una elección democrática no depende únicamente de que las personas puedan depositar una papeleta.
También requiere que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, organizarse, participar en partidos políticos, hacer campaña, criticar al Gobierno y presentar denuncias sin temor a represalias.
Precisamente este es otro de los aspectos que preocupa a Naciones Unidas.
Los expertos consideran que el espacio cívico se ha reducido y que las instituciones encargadas de garantizar los derechos políticos continúan siendo débiles.
Organizaciones internacionales de derechos humanos también han denunciado restricciones contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Human Rights Watch, por ejemplo, ha advertido que las facultades de los servicios de seguridad para detener a personas representan un riesgo adicional para los derechos políticos antes, durante y después de las elecciones.
En un país con antecedentes de violencia política, estas restricciones pueden tener consecuencias particularmente graves.
El temor a que las elecciones profundicen las divisiones
La preocupación central de la ONU puede resumirse en una pregunta: ¿pueden unas elecciones celebradas en un ambiente de conflicto ayudar a terminar la crisis o podrían intensificarla?
La Comisión considera que, sin garantías adecuadas, existe el riesgo de que la competencia electoral reproduzca las divisiones políticas y militares que durante años han alimentado el conflicto.
En lugar de convertirse en un mecanismo pacífico para resolver las diferencias, las elecciones podrían ser interpretadas por diferentes grupos como una lucha por el control del Estado.
El problema es especialmente delicado porque las instituciones de seguridad todavía no están completamente unificadas.
El acuerdo de paz buscaba precisamente retirar las armas de la competencia política y construir unas fuerzas nacionales capaces de actuar de manera profesional y no partidista. Según la Comisión, ese objetivo todavía no se ha cumplido.
¿Qué condiciones pide Naciones Unidas?
Los expertos de la ONU no han pedido simplemente que las elecciones sean canceladas. Su propuesta es establecer condiciones que permitan que los comicios sean realmente democráticos y no se conviertan en un detonante de violencia.
Entre las principales medidas planteadas se encuentran:
Un cese de hostilidades genuino y supervisado.
La reducción de los enfrentamientos armados es considerada una condición básica para que la población pueda participar en el proceso electoral sin miedo.
Unas fuerzas de seguridad nacionales unificadas.
La Comisión reclama que las fuerzas de seguridad estén bajo un mando profesional y no partidista.
Restaurar el espacio político y cívico.
Los partidos, periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos deben poder participar en condiciones de seguridad.
Instituciones electorales independientes.
La organización de los comicios debe contar con organismos capaces de actuar con independencia y credibilidad.
Mecanismos imparciales para resolver disputas.
Los posibles conflictos sobre resultados electorales deben poder ser examinados por instituciones judiciales independientes.
Protección de grupos vulnerables.
La ONU pide garantías específicas para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, desplazados internos y refugiados.
Medidas contra los discursos de odio y la incitación a la violencia.
La retórica política que pueda alimentar divisiones comunitarias debe ser combatida.
Participación política inclusiva.
Todos los sectores relevantes deben tener la posibilidad real de participar en el proceso político.
Una crisis humanitaria que agrava el panorama
La advertencia electoral llega además cuando Sudán del Sur enfrenta una de las situaciones humanitarias más graves de su historia reciente.
Más de 7,5 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, mientras decenas de miles se encuentran en riesgo de hambruna. Las inundaciones también han provocado desplazamientos masivos.
A esto se suma el impacto de la guerra en el vecino Sudán, que comenzó en abril de 2023 y ha provocado la llegada de más de 1,2 millones de refugiados y retornados a Sudán del Sur. Esta presión adicional afecta a un país que ya tiene enormes dificultades para proporcionar alimentos, atención sanitaria, agua y protección a su propia población.
La violencia también está afectando directamente a quienes intentan responder a la emergencia.
De acuerdo con datos citados por Naciones Unidas y reportados por Associated Press, al menos 36 trabajadores humanitarios y contratistas habían sido asesinados en Sudán del Sur entre enero y agosto de 2026, superando los 31 fallecidos registrados durante todo 2025. Además, se contabilizaron más de 450 incidentes de violencia contra personal humanitario y sus instalaciones entre enero y julio.
Esto dificulta todavía más la capacidad de las organizaciones internacionales para llegar a las comunidades afectadas.
Las mujeres y los niños enfrentan riesgos particulares
La violencia política y militar tiene consecuencias especialmente graves para mujeres y menores.
Naciones Unidas ha documentado la persistencia de violencia sexual relacionada con el conflicto y otras formas de violencia de género. Estos abusos pueden utilizarse como mecanismos de intimidación y control de las comunidades.
Los desplazamientos también exponen a mujeres y niños a mayores riesgos de explotación, violencia y falta de acceso a servicios esenciales.
Por esta razón, la Comisión considera que cualquier proceso electoral debe incluir medidas específicas para garantizar la participación segura de mujeres y jóvenes, además de mecanismos para proteger a las víctimas y sobrevivientes de abusos.
La experiencia del pasado pesa sobre el presente
El temor de la ONU no surge de manera aislada.
Entre 2013 y 2018, Sudán del Sur sufrió una guerra civil marcada por asesinatos masivos, desplazamientos y graves violaciones de derechos humanos.
La comunidad internacional teme que una nueva crisis política pueda volver a activar dinámicas similares.
La propia Comisión señaló que la ventana para evitar un regreso a una situación comparable con la violencia y los desplazamientos registrados entre 2013 y 2018 se está cerrando, aunque todavía existe margen para evitar ese escenario.
Por eso, los expertos consideran que las próximas semanas y meses serán determinantes.
La ONU pide regresar al diálogo
Uno de los principales llamados de Naciones Unidas es que las partes retomen un diálogo político genuino e inclusivo.
La Comisión considera necesario incorporar no solamente al Gobierno y a las principales fuerzas de oposición, sino también a grupos que no forman parte del acuerdo de paz, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y jóvenes.
La intención es reconstruir un mínimo de consenso antes de que la competencia electoral se convierta en una confrontación.
También se ha pedido a la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y Naciones Unidas que refuercen sus esfuerzos diplomáticos para prevenir una nueva escalada.
La misión de Naciones Unidas en el país ha coincidido en que la preparación electoral necesita avanzar junto con el diálogo político y las reformas previstas en el acuerdo de paz.
¿Qué puede ocurrir de aquí a diciembre?
El escenario continúa abierto.
Una posibilidad es que el Gobierno y las fuerzas opositoras logren alcanzar acuerdos, reduzcan las hostilidades y recuperen parte de las garantías necesarias para celebrar unas elecciones pacíficas.
Otra posibilidad es que las tensiones continúen aumentando mientras las instituciones electorales avanzan con recursos limitados y sin resolver los principales problemas políticos y de seguridad.
Naciones Unidas ha advertido que celebrar elecciones únicamente porque existe una fecha establecida no garantiza que el proceso sea democrático.
Para los expertos, una elección creíble implica mucho más que abrir los centros de votación. Los ciudadanos deben poder votar sin miedo, los candidatos deben poder competir, los partidos deben poder expresarse, los tribunales deben resolver disputas de manera independiente y las instituciones deben tener capacidad para limitar los abusos de poder.
Un momento decisivo para el país más joven del mundo
Sudán del Sur se encuentra, por tanto, ante una contradicción histórica.
Después de quince años de independencia, millones de ciudadanos esperan finalmente tener la posibilidad de elegir democráticamente a sus gobernantes. Las elecciones representan para muchos una oportunidad de cerrar una larga etapa de transición y comenzar a construir instituciones más estables.
Pero el país se acerca a ese momento con un acuerdo de paz incompleto, enfrentamientos armados activos, profundas divisiones políticas, una crisis humanitaria severa y mecanismos de justicia todavía débiles.
La advertencia de Naciones Unidas no sostiene que las elecciones deban descartarse. Por el contrario, los expertos reconocen que los ciudadanos de Sudán del Sur tienen derecho a votar.
El mensaje central es que las elecciones deben servir para sacar al país del ciclo de violencia, no para introducirlo nuevamente en él.
Con diciembre cada vez más cerca, el desafío será reconstruir las condiciones que permitan que la política sustituya a las armas como mecanismo para resolver las disputas por el poder.
Para Naciones Unidas, todavía es posible evitar una nueva catástrofe, pero el margen de maniobra se está reduciendo rápidamente.
