Fabio Guillermo Araque Álvarez, abogado/Foto: archivo particular.
Un nuevo cuestionamiento rodea el proceso judicial relacionado con la explotación de carbón en el sector Peña de las Águilas, en el municipio de Tópaga. El abogado Fabio Guillermo Araque Álvarez presentó una denuncia en la que solicita investigar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) por un informe entregado al Tribunal Administrativo de Boyacá, al considerar que este no reflejaría la realidad de lo que ocurre en las bocaminas objeto de una medida cautelar.
Denuncia
Según el documento radicado por el jurista, la denuncia hace referencia al oficio del 22 de junio de 2026, suscrito por Andrea Katherine Quintero Engativá, apoderada de Corpoboyacá.
En ese informe, la autoridad ambiental informó al Tribunal que durante una visita técnica realizada en la vereda San José, sector Peña de las Águilas, no se evidenció la presencia de personas desarrollando actividades mineras en las bocaminas inspeccionadas. Sin embargo, Araque sostiene que esa afirmación no correspondería a las condiciones observadas en el terreno. De acuerdo con su denuncia, las minas continuarían operando de manera permanente, pese a las medidas judiciales vigentes dentro de la acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación para proteger la zona de los impactos de la explotación carbonífera.
Inconsistencias
El abogado pidió que se practique una nueva inspección con acompañamiento del Ministerio Público y de las autoridades competentes para verificar el estado actual de las bocaminas cobijadas por la decisión judicial.
Asimismo, solicitó que, si se encuentran inconsistencias u omisiones en el informe presentado por Corpoboyacá, se adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes contra los funcionarios o particulares que participaron en su elaboración. La denuncia también plantea que, de existir mérito, los hechos sean puestos en conocimiento de las autoridades penales para determinar si hubo conductas con posible relevancia jurídica.
Entre los presuntos delitos mencionados por el denunciante figuran falsedad ideológica en documento público, explotación ilícita de yacimiento minero, daño ambiental y fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Hasta el momento, Corpoboyacá no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia.
El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer si existen elementos suficientes para abrir las investigaciones solicitadas y determinar si el informe presentado ante el Tribunal se ajusta o no a la realidad de las actividades mineras en Peña de las Águilas.
