Ocho años después de la avalancha, Gobierno entrega nueva Casa de Justicia en Mocoa

Con la apertura del centro en la capital de Putumayo, Mocoa, 65.894 habitantes contarán con la posibilidad de acceder a servicios claves en entidades como la Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensoría del Pueblo, Inspección de Policía y Comisaría de Familia.

Los putumayenses podrán recibir atención gratuita en temas como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, conflictos comunitarios, riñas, consumo de sustancias psicoactivas, extorsiones, homicidios, entre otros.

La obra costó 3.732 millones de pesos y fue posible gracias a un convenio interadministrativo de cooperación, firmado en 2023, que contó con un aporte de 2.489 millones del Gobierno nacional, mientras que el municipio de Mocoa y la Gobernación de Putumayo asumieron el valor restante.

La nueva Casa de Justicia, ubicada en un lote de cerca de 1.500 metros cuadrados en el barrio José Homero, cuenta con una infraestructura moderna que incluye zonas de acceso, espacios de espera, áreas de atención y administración, circulación interior y exterior, así como franjas verdes, diseñados para ofrecer un servicio cómodo, digno y eficiente.

Este proyecto responde al compromiso adquirido en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3904 de 2017, dentro del Plan para la Reconstrucción de Mocoa.

Tras la tragedia del 31 de marzo de 2017, la anterior Casa de Justicia quedó gravemente afectada, obligando a prestar el servicio en condiciones precarias hasta que se concretara la nueva infraestructura.

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“Con la apertura de esta Casa de Justicia, acercamos de nuevo el Estado a la comunidad de Mocoa, garantizando que sus habitantes accedan a servicios de justicia con enfoque diferencial, en un espacio digno y seguro”, afirmó el viceministro de Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez quien asistió.

Las 116 Casas de Justicia con las que cuenta el país son modelos de atención que buscan orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, prevenir el delito y fomentar el uso de mecanismos alternativos en la solución de conflictos. Con este nuevo centro el Gobierno Nacional ratifica su compromiso de construir un país más justo, inclusivo y equitativo, reconociendo la diversidad étnica, cultural y social del territorio.