Contrato por $63.380 millones presenta diferencias entre avance financiero y físico.
La construcción de la primera etapa de la Villa Olímpica en Puerto Gaitán, presentada como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del municipio, enfrenta cuestionamientos por la forma en que fue estructurado y ejecutado el proceso contractual durante la administración del exalcalde Jorge Plazas.
Convenio
El proyecto fue suscrito mediante un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y la Asociación de Municipios Asosupro. A través de esta figura, la entidad asociativa adelantó el proceso de selección para ejecutar la obra financiada con recursos de regalías.
Durante la etapa precontractual se habrían presentado observaciones por parte de interesados relacionadas con especificaciones técnicas, planos eléctricos, capital de trabajo, incremento de anticipo y claridad en impuestos y estampillas. Sin embargo, al cierre del proceso solo se presentó un oferente: el Consorcio Escenarios Deportivos.
El hecho de que se registrara un único proponente ha generado inquietudes en sectores políticos locales, que cuestionan si existieron condiciones suficientes de pluralidad y competencia.
Contratistas y vínculos
Dentro del consorcio aparecen empresarios como Edgar Enrique Sarmiento Sabogal y Diego Fernando Morato Gutiérrez, quienes han participado en otros contratos de infraestructura y programas públicos en el departamento del Meta. También se han mencionado posibles relaciones políticas con dirigentes regionales, entre ellos el senador Alejandro Vega Pérez, lo que ha incrementado el debate público sobre eventuales conflictos de interés, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento oficial que confirme irregularidades.
Avance y ejecución
El contrato asciende a $63.380 millones y fue firmado en febrero de 2024, con un plazo inicial de 24 meses. De acuerdo con registros del Departamento Nacional de Planeación, el proyecto presenta un avance financiero cercano al 48,6 % y un avance físico del 34,28 %, cifras que han despertado interrogantes frente al ritmo de ejecución y los tiempos de entrega previstos.
La interventoría está a cargo de Ingeniería, Estructuras, Construcción y Consultoría Limitada, cuyo representante legal ha participado en otros contratos de infraestructura en la región que también han sido objeto de críticas por retrasos.
