Nuevo aumento en gasolina y ACPM sigue presionando el costo de vida en Colombia

Nuevos incrementos afectan a conductores y transportadores

Desde el lunes 4 de mayo de 2026 comenzó a regir un nuevo aumento en el precio de los combustibles en Colombia, una medida que continúa generando preocupación entre ciudadanos, transportadores y sectores productivos.

El ajuste establece un incremento de $400 pesos por galón en la gasolina corriente y de $200 pesos en el ACPM, impactando directamente los costos de movilidad, transporte y distribución de productos en el país.

La gasolina supera los $15.800 por galón

Cuando inició el actual gobierno, el precio promedio de la gasolina en Colombia rondaba los $9.000 por galón. Sin embargo, tras varios incrementos graduales, el valor promedio nacional alcanzó los $15.848 por galón.

En ciudades como Bogotá, el precio ya supera los $16.291, mientras que en Villavicencio alcanza los $16.391, ubicándose entre los más altos del país.

El ACPM también golpea al sector productivo

Aunque el ACPM mantuvo durante más tiempo precios relativamente estables debido a su impacto en el transporte de carga y pasajeros, actualmente el promedio nacional supera los $11.282 por galón.

El incremento afecta especialmente a camioneros, agricultores, comerciantes y empresas de transporte, sectores que dependen del diésel para desarrollar sus actividades económicas.

Impacto en alimentos y servicios

Expertos advierten que el aumento en los combustibles no solo afecta a quienes utilizan vehículos particulares o motocicletas, sino también al costo general de vida.

El alza en el ACPM repercute en el transporte de alimentos, materiales de construcción y productos básicos, generando presiones sobre los precios al consumidor y el presupuesto de miles de familias colombianas.

Debate sobre economía y transición energética

Mientras el Gobierno Nacional argumenta que estas medidas responden a ajustes fiscales y a estrategias relacionadas con la transición energética, diversos sectores consideran que el impacto económico recae directamente sobre la ciudadanía.

Conductores y transportadores han manifestado su preocupación, señalando que muchas personas no cuentan con alternativas de movilidad diferentes ni tienen la capacidad económica para asumir nuevos incrementos.

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