La tarde del viernes 4 de abril, cuando tres estudiantes del colegio Colegio Los Nogales se reunieron en una vivienda del norte de Bogotá para preparar galletas, terminó en una tragedia que ocho meses después sigue revelando detalles estremecedores. Dos de las menores, de 13 y 14 años, murieron horas después de consumir frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. La tercera niña sobrevivió, pero continúa en recuperación fuera del país debido a la gravedad de la intoxicación.
Las frutas llegaron como un supuesto regalo a domicilio, sin remitente, dirigido al hermano de una de las víctimas, quien se encontraba con ellas y solo probó una pequeña cantidad. El caso, inicialmente tratado como una posible intoxicación alimentaria, dio un giro cuando se confirmó que se trataba de un envenenamiento deliberado.
La investigación avanzó de manera significativa tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de expedir una orden de captura y solicitar notificación roja de Interpol contra Zulma Guzmán Castro, señalada como presunta autora del crimen. La mujer, quien habría salido de Colombia, mantuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas y presente en el apartamento donde ocurrieron los hechos.
Según fuentes cercanas al proceso, la Fiscalía considera que el envenenamiento fue premeditado y que la sospechosa habría planeado la obtención del talio y su entrega. Aunque Guzmán Castro ha negado su responsabilidad en mensajes difundidos en redes sociales, las autoridades sostienen que existen indicios sólidos en su contra.
Uno de los elementos más inquietantes del caso es la hipótesis de un intento prolongado de envenenamiento. Exámenes toxicológicos practicados a De Bedout y a otro de sus hijos —quienes no consumieron las frambuesas— revelaron rastros de talio en sus organismos. De manera similar, en análisis realizados años atrás a la esposa del economista, fallecida en 2020 por cáncer, también se habría detectado la sustancia.
El talio fue identificado en los cuerpos de las niñas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que permitió descartar una intoxicación alimentaria común. Se trata de un metal sin olor, color ni sabor, prohibido desde hace décadas como veneno para ratas por su alta letalidad y que hoy solo se utiliza en industrias especializadas. Su acceso y uso criminal plantea serias preguntas sobre los controles existentes para este tipo de sustancias.
La Fiscalía también logró ubicar al domiciliario que entregó las frambuesas, quien aseguró que el encargo salió desde la oficina de un tarotista en el norte de Bogotá. El rastreo de llamadas al mensajero condujo a un número telefónico de Argentina que, según las autoridades, estaría vinculado a Guzmán Castro.
Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, los abogados del caso anticipan que, de comprobarse la responsabilidad, la condena podría superar los 50 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio. El proceso, sin embargo, podría extenderse por varios años, a la espera de la captura de la sospechosa y del desarrollo completo del juicio.
La tragedia de las frambuesas envenenadas no solo dejó un profundo dolor en las familias afectadas, sino que abrió un debate sobre el control de sustancias altamente peligrosas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención para evitar que un crimen similar vuelva a repetirse.