Nueva Zelanda ha reforzado su vigilancia aérea sobre el océano Austral como parte de sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada —conocida internacionalmente como pesca IUU— y proteger uno de los ecosistemas marinos más importantes de la Antártida.
La medida adquiere una dimensión adicional por tratarse del mar de Ross, una zona estrechamente vinculada con la reclamación territorial de Nueva Zelanda sobre la denominada Dependencia Ross. Sin embargo, presentar estas operaciones simplemente como una disputa territorial sería impreciso: el territorio antártico está sujeto al Tratado Antártico, que mantiene en suspenso las cuestiones relativas a las reclamaciones de soberanía mientras prioriza el uso pacífico y científico del continente.
En diciembre de 2025, la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda anunció que su Fuerza Aérea desplegaría aeronaves P-8A Poseidon en el mar de Ross durante la temporada de verano para detectar y disuadir actividades de pesca ilegal, además de comprobar que los barcos autorizados cumplieran las normas de conservación.
El anuncio situó nuevamente en el centro de la atención internacional la combinación de protección ambiental, explotación pesquera, presencia estatal y reclamaciones territoriales que caracteriza a esta remota región.
El mar de Ross, un territorio estratégico
El mar de Ross se encuentra frente a la costa de la Antártida y constituye una de las zonas marinas más relevantes del continente. Sus aguas albergan numerosas especies y forman parte de uno de los ecosistemas polares mejor estudiados del planeta.
Para Nueva Zelanda, además, el área tiene un significado histórico y estratégico. Desde 1923, el país mantiene una reclamación sobre la Dependencia Ross, que comprende una extensa porción de la Antártida, incluidas zonas de la Tierra de Victoria y la plataforma de hielo de Ross.
La posición neozelandesa se remonta a la época en que el Reino Unido transfirió a Nueva Zelanda su reclamación sobre esta región. Actualmente, Wellington mantiene formalmente esa posición, pero su aplicación debe entenderse dentro del sistema internacional establecido por el Tratado Antártico.
El propio Gobierno neozelandés señala que el tratado permite a los países conservar sus posiciones sobre las reclamaciones territoriales, pero evita que esas disputas se conviertan en un conflicto y establece que la Antártida debe utilizarse con fines pacíficos y científicos.
¿Por qué Nueva Zelanda realiza patrullajes aéreos?
El objetivo declarado de las operaciones no es militarizar la Antártida, sino vigilar la actividad pesquera y hacer cumplir las normas internacionales de conservación.
Los P-8A Poseidon utilizados por la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda están diseñados para realizar misiones de vigilancia marítima de largo alcance. Durante una patrulla pueden localizar embarcaciones, seguir sus movimientos, recopilar imágenes y obtener información que posteriormente puede ser analizada por las autoridades correspondientes.
Según la Fuerza de Defensa neozelandesa, durante las patrullas en el mar de Ross las tripulaciones pueden:
- Detectar posibles actividades de pesca ilegal.
- Identificar y seguir embarcaciones.
- Comprobar la actividad de barcos pesqueros autorizados.
- Recopilar evidencia de posibles infracciones.
- Vigilar la captura accidental de especies protegidas, especialmente aves marinas.
- Informar posibles incumplimientos a las autoridades de los Estados de bandera de los barcos involucrados.
La vigilancia desde el aire resulta especialmente importante en una región donde las enormes distancias, las condiciones meteorológicas extremas y la presencia limitada de autoridades hacen difícil controlar directamente cada embarcación.
La pesca legal también está bajo vigilancia
La preocupación no se limita a los barcos que operan clandestinamente.
En el mar de Ross existe una actividad pesquera regulada internacionalmente. Nueva Zelanda forma parte de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), organismo encargado de establecer medidas de conservación para los recursos vivos marinos de la región.
Las reglas buscan equilibrar la actividad pesquera con la protección del ecosistema. De acuerdo con la información publicada por la Defensa neozelandesa, la pesquería del mar de Ross está limitada a embarcaciones de países miembros que cuenten con las autorizaciones correspondientes y respeten medidas de conservación, incluidos límites de captura.
Esto explica por qué las autoridades consideran importante vigilar también a los barcos que operan legalmente: una embarcación autorizada puede infringir las reglas sobre capturas, documentación, utilización de equipos o interacción con especies protegidas.
El problema de la pesca ilegal
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye uno de los principales desafíos para la administración de los océanos.
En regiones remotas como el océano Austral, el problema puede resultar particularmente complejo. Las autoridades no siempre tienen una presencia física permanente y las grandes distancias dificultan enviar rápidamente barcos de inspección.
Por ello, la vigilancia aérea funciona como una primera línea de detección.
Una aeronave puede cubrir grandes extensiones de océano y proporcionar información a los organismos responsables antes de que una embarcación pueda ser inspeccionada directamente.
La experiencia de Nueva Zelanda en otras regiones demuestra la utilidad de esta estrategia. En operaciones anteriores de vigilancia pesquera, aeronaves neozelandesas han identificado embarcaciones de interés y transmitido información para posteriores investigaciones e inspecciones.
Una zona especialmente sensible para el medio ambiente
La relevancia del mar de Ross no depende únicamente de la pesca.
La región es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes y relativamente intactos de la Antártida. En ella existen poblaciones de peces, aves marinas, mamíferos y otras especies adaptadas a las condiciones extremas del océano Austral.
Precisamente por esa importancia ambiental, existe una Área Marina Protegida de la región del mar de Ross. Nueva Zelanda señala que aproximadamente 1,12 millones de kilómetros cuadrados están destinados a protección total, mientras que otras áreas permiten actividades pesqueras limitadas y sometidas a controles.
El objetivo es encontrar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y aquellas actividades económicas consideradas compatibles con las normas internacionales.
¿Qué tiene que ver la soberanía con los patrullajes?
Aquí aparece uno de los aspectos más delicados de la situación.
Nueva Zelanda considera la Dependencia Ross parte de su reclamación territorial histórica. El país también mantiene presencia científica y logística permanente en la región, incluyendo Scott Base, una de sus principales instalaciones antárticas.
La vigilancia de embarcaciones y la aplicación de determinadas normas pueden parecer, desde fuera, una manifestación de autoridad territorial.
Pero jurídicamente la situación es más compleja.
El Tratado Antártico de 1959 establece un régimen internacional particular. Nueva Zelanda es uno de sus miembros originales y el tratado se aplica a las áreas situadas al sur de los 60 grados de latitud sur. Su finalidad incluye evitar que la Antártida se convierta en escenario de conflictos internacionales y garantizar que sea utilizada para fines pacíficos y científicos.
Además, el tratado preserva las posiciones existentes de los países que mantienen reclamaciones territoriales.
Por eso, las operaciones de vigilancia pesquera no significan por sí mismas que Nueva Zelanda haya obtenido un nuevo reconocimiento internacional de su soberanía sobre el territorio.
Una reclamación territorial congelada
La Dependencia Ross forma parte de un conjunto de reclamaciones territoriales realizadas por distintos países en la Antártida. Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido mantienen reclamaciones sobre diferentes sectores del continente.
El sistema antártico ha permitido que estas posiciones coexistan sin convertirse en enfrentamientos territoriales abiertos.
En la práctica, esto significa que Nueva Zelanda puede mantener su posición histórica respecto de la Dependencia Ross y, al mismo tiempo, participar en mecanismos multilaterales donde las decisiones se toman dentro del sistema establecido por el Tratado Antártico y otros acuerdos internacionales.
Por eso, hablar de una nueva «disputa por la soberanía» a raíz de los vuelos de patrullaje sería exagerado. Lo que existe es una intersección entre una reclamación territorial histórica y responsabilidades internacionales de conservación y vigilancia.
El papel de los P-8A Poseidon
La sustitución de los antiguos P-3K Orion por los P-8A Poseidon ha aumentado las capacidades de vigilancia marítima de Nueva Zelanda.
Los cuatro P-8A de la Fuerza Aérea neozelandesa entraron en servicio operacional a partir de 2023 y fueron adquiridos como aeronaves especializadas en patrullaje marítimo.
El modelo permite realizar misiones de larga duración y utilizar distintos sistemas para detectar y seguir embarcaciones.
La capacidad no está limitada a la Antártida. Durante 2026, los P-8A neozelandeses han participado también en operaciones de vigilancia pesquera y marítima en el Pacífico y en misiones de búsqueda y rescate. En febrero, por ejemplo, uno de estos aviones realizó una patrulla sobre la zona económica exclusiva de las islas Pitcairn para identificar posibles actividades de pesca ilegal.
En junio, otro P-8A participó en operaciones de vigilancia marítima en varias zonas del Pacífico.
Estas operaciones muestran que el avión forma parte de una estrategia de vigilancia marítima mucho más amplia de Nueva Zelanda.
Un esfuerzo que va más allá de Nueva Zelanda
La vigilancia del mar de Ross tampoco depende exclusivamente de Wellington.
El sistema internacional de conservación antártica requiere cooperación entre numerosos países. Las autoridades pueden compartir información sobre embarcaciones, registros de pesca, movimientos marítimos y posibles infracciones.
En este contexto, la función de Nueva Zelanda consiste no solamente en vigilar una zona cercana a su esfera de interés antártica, sino también en aportar capacidades de vigilancia al sistema internacional de protección del océano Austral.
La Fuerza de Defensa neozelandesa ha destacado que cualquier sospecha detectada durante las patrullas debe comunicarse a las autoridades correspondientes para que estas determinen si existe una infracción y qué medidas deben adoptarse.
¿Se está militarizando la Antártida?
La utilización de aeronaves militares para realizar vigilancia ambiental puede generar preocupación, especialmente porque la Antártida es uno de los pocos espacios del mundo sometidos a un régimen internacional diseñado explícitamente para impedir su militarización.
Sin embargo, la utilización de medios militares para tareas logísticas, científicas, de búsqueda y rescate o vigilancia ambiental no equivale automáticamente a una militarización del continente.
Nueva Zelanda presenta estas operaciones como actividades destinadas a conservación, cumplimiento de las normas pesqueras y protección de los recursos marinos, dentro del marco internacional vigente.
La diferencia es importante: no se trata de establecer bases de combate ni de utilizar las patrullas para modificar formalmente las fronteras antárticas.
Un equilibrio cada vez más delicado
El interés sobre la Antártida ha crecido debido a su importancia científica, ambiental y estratégica.
El cambio climático está modificando las condiciones del continente y de los océanos que lo rodean, mientras que los recursos marinos continúan atrayendo actividad pesquera.
En este escenario, controlar quién pesca, cuánto pesca y bajo qué condiciones adquiere una importancia cada vez mayor.
El mar de Ross representa especialmente bien ese desafío. Es al mismo tiempo una región científica de enorme valor, un ecosistema protegido, una zona de actividad pesquera regulada y el centro de una reclamación territorial histórica de Nueva Zelanda.
Los vuelos de vigilancia se encuentran justamente en el punto donde confluyen todos esos intereses.
La clave está en el marco internacional
Más que interpretar las patrullas como una señal inequívoca de una nueva confrontación territorial, el contexto apunta a una estrategia de vigilancia y conservación respaldada por capacidades militares, pero desarrollada dentro de un régimen internacional que mantiene congeladas las disputas de soberanía.
Nueva Zelanda mantiene su reclamación sobre la Dependencia Ross y continúa considerando estratégica su presencia en la región. Al mismo tiempo, participa en el Tratado Antártico y en la CCAMLR, mecanismos que obligan a gestionar los recursos y las actividades humanas mediante reglas internacionales.
Así, el incremento de las capacidades de patrullaje no representa necesariamente una nueva carrera territorial en la Antártida. Sí refleja, en cambio, que la vigilancia de los recursos, la protección ambiental y la presencia de los Estados están adquiriendo una importancia creciente en una de las regiones más remotas y estratégicas del planeta.
Para Nueva Zelanda, el desafío consiste en mantener su presencia y proteger los recursos del mar de Ross sin romper el delicado equilibrio internacional que ha permitido mantener a la Antártida como un territorio dedicado a la paz, la ciencia y la cooperación durante más de seis décadas.