El inicio de 2026 trajo consigo una nueva exigencia para más de un millón de afiliados a la Nueva EPS en todo el país, particularmente en ciudades como Bogotá, donde se concentra una alta demanda del sistema de salud. Desde el pasado mes de enero, la entidad implementó un trámite obligatorio para la entrega de medicamentos, una medida que ha generado inquietud, confusión y largas filas entre los usuarios, especialmente aquellos con tratamientos crónicos y de alto costo.
La decisión surge tras la finalización del contrato con Colsubsidio, operador que durante años se encargó de la dispensación de medicamentos para la EPS. Ante este cambio, la Nueva EPS anunció un nuevo modelo de entrega apoyado en diferentes gestores farmacéuticos y en una plataforma digital, a través de la cual los afiliados deben registrar sus fórmulas médicas para poder acceder a sus tratamientos.
Un trámite que se convierte en barrera
Aunque la EPS ha insistido en que el trámite busca “ordenar y garantizar” la entrega de medicamentos, en la práctica muchos usuarios lo perciben como una nueva barrera de acceso. El proceso exige cargar fórmulas médicas vigentes, documentos de identidad y datos personales en un sistema virtual, lo que ha resultado problemático para adultos mayores, personas sin acceso a internet o pacientes que no dominan herramientas digitales.
En Bogotá, usuarios han denunciado que, pese a cumplir con el registro, enfrentan demoras de semanas para recibir medicamentos esenciales, incluidos aquellos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y trastornos autoinmunes. Otros aseguran que deben repetir el trámite debido a errores en la plataforma o falta de validación por parte de la EPS.
Cambios en la red de dispensación
Con la salida de Colsubsidio, la Nueva EPS redistribuyó la entrega de medicamentos entre distintos operadores farmacéuticos, lo que implicó el cierre de puntos tradicionales y la reasignación de sedes. En la capital, este reordenamiento ha generado confusión: usuarios que acuden a antiguos puntos de entrega se encuentran con avisos de cierre o son remitidos a nuevas sedes con alta congestión.
La transición, que debía ser gradual, coincidió con el aumento de la demanda propia de comienzos de año, provocando filas extensas, entregas parciales y reprogramaciones constantes. Para muchos pacientes, esto se traduce en interrupciones en sus tratamientos, un riesgo que médicos y asociaciones de pacientes consideran grave.
Alertas de los entes de control
La situación no ha pasado desapercibida para los organismos de vigilancia. La Personería de Bogotá ha advertido sobre un aumento significativo en las quejas relacionadas con la Nueva EPS, especialmente por fallas en la entrega de medicamentos. Según el ente de control, los reclamos reflejan un colapso operativo que afecta de manera directa el derecho fundamental a la salud.
A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene bajo observación a la EPS, en medio de un panorama marcado por deudas acumuladas con clínicas, hospitales y proveedores farmacéuticos, un factor que también incide en la actual crisis de dispensación.
La respuesta de la Nueva EPS
Desde la entidad, directivos han reconocido las dificultades propias del cambio de operador, pero aseguran que se trata de una medida transitoria y que el trámite permitirá mejorar el control, evitar la duplicidad de fórmulas y garantizar el suministro a largo plazo. La EPS ha reiterado que ningún afiliado quedará sin medicamentos y ha habilitado líneas telefónicas y puntos de apoyo presencial para orientar a los usuarios.
Sin embargo, para miles de afiliados la realidad cotidiana dista de ese mensaje institucional. La exigencia del trámite, sumada a la congestión del sistema, ha convertido el acceso a medicamentos en una odisea diaria, especialmente para quienes dependen de tratamientos continuos.
Un reflejo de la crisis estructural
El caso de la Nueva EPS vuelve a poner sobre la mesa los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, donde los ajustes administrativos suelen recaer directamente sobre los usuarios. Expertos advierten que, sin una planificación adecuada y sin fortalecer la atención presencial, medidas como esta profundizan la desigualdad en el acceso a la salud.
Mientras tanto, los afiliados enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán recibir a tiempo los medicamentos que, en muchos casos, resultan vitales. La exigencia del trámite para 2026 no solo marca un cambio administrativo, sino que se convierte en un síntoma de la fragilidad del sistema, en un momento en el que la confianza de los usuarios se encuentra seriamente golpeada.
