El mensaje en Twitter de la congresista Támara Argote, que retomó una noticia vieja sobre un proceso judicial en contra de Dilian Francisca Toro, causó la ira de la directora del Partido de La U, quien le respondió a través de la misma red social anunciando acciones “en los tribunales” por la difusión de información engañosa.
La representante a la Cámara por Bogotá publicó un trino en el que señalaba que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había dictado medida de aseguramiento contra Toro, por el supuesto delito de lavado de activos. En el mensaje también aseguraba que la política vallecaucana tendría que ir a prisión, sin beneficio de casa por cárcel.
No hizo caso
Aunque algunos usuarios le advirtieron a la congresista de un posible error, debido a que se trataba de una noticia de julio de 2012, Argote no borró el mensaje y publicó otro reconociendo que era información “no actual”.
Fue así como llegó el reclamo de Toro, quien aseguró que “lo que hace Támara es una mezcla de odio, ignorancia y mala fe. Compartir fake news que no requieren mayor esfuerzo mental para saber que lo son, deja al descubierto la clase de persona que hay detrás de semejante bajeza. Hablas de paz y actúas como criminal, nos vemos en los tribunales”.
Tras este mensaje, la representante borró el trino y aseguró que el caso al que hacía referencia había precluido en 2018 y dio a entender que compartió la información porque está circulando en redes sin ese contexto.
El proceso viejo
El proceso que sacó a relucir la congresista Argote sí relaciona a la directora de La U con el delito de lavado de activos agravado. Todo empezó en 2012, cuando Toro era congresista y la Corte Suprema emitió una orden de captura en su contra por la compra de algunos inmuebles relacionados con el Cartel de Cali y el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque.
En ese entonces, ella renunció a su curul y el caso pasó a la Fiscalía, que no encontró pruebas para mantener la investigación y la cerró en 2018. La también exgobernadora del Valle aseguró que no encontró irregularidades en la compra de los predios y que el dinero salió de un préstamo bancario.
La última pista de este caso se remonta a 2021, cuando Dilian Francisca Toro demandó al Estado por una suma de $1.800 millones, argumentando que esa es la indemnización que merece por los daños y perjuicios derivados de la orden de captura injusta.