El aspirante al primer cargo del departamento manifestó que denunciará ante las autoridades competentes la instrumentalización con fines políticos de funcionarios de la Contraloría General de la Republica, adscritos a Nariño.
El candidato a la Gobernación de Nariño, Luis Alfonso Escobar, hizo claridad frente a un suspicaz proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría General de la República, presuntamente adelanta en su contra.
De acuerdo con los antecedentes de este caso, cuando el candidato Escobar Jaramillo se desempeñaba como Secretario de Planeación Departamental, la Gobernación de Nariño mediante un convenio con el Municipio de Tumaco, desarrolló un proceso de consultoría para la construcción y mejoramiento del acueducto en el sector de Candelillas en Tumaco, dentro del Contrato de Consultoría No. 555 de fecha 17 de abril de 2015, por valor de $148 millones 86.616 pesos y un plazo de ejecución de cuatro meses.
Los hechos
El problema jurídico según el expediente, se produjo en la liquidación del contrato, dónde se argumenta que hubo incumplimiento en los pagos, por motivo de la adición en los tiempos de entrega de las obras e incremento en los valores económicos, dónde Escobar Jaramillo no tiene responsabilidad alguna, porque sus funciones nunca se relacionaron con la acción de ordenar el gasto.
Además, es de destacar que candidato terminó sus labores como Secretario de Planeación el 15 de junio de 2016 y el acta de liquidación del contrato por parte de la Administración Departamental se causó en noviembre del año 2019.
Ámbito jurídico
Fuentes jurídicas indicaron que el proceso tiene varias falencias, iniciando por una vulneración al debido proceso, teniendo en cuenta que la notificación no se produjo ajustada a la normatividad, que los tiempos para interponer nulidades o recursos de ley vencieron hace varios meses.
No hay inhabilidad
Finalmente, los abogados consultados explicaron que en un hipotético caso de prosperar la acción que adelanta la Contraloría, «el proceso es de carácter resarcitorio del patrimonio público, lo que significa que los vinculados de ser sancionados pagarán el valor que el auto de apertura como el de imputación, determinan que el presunto daño sería de $59.234.646 y no el valor total del contrato que es de 194 millones 600 mil pesos.
Al respecto, explicaron que “de ninguna manera se va a incurrir en inhabilidades, por lo cual pueden ejercer cargos públicos, en el caso del señor Escobar Jaramillo no tiene impedimento para hacer campaña y menos para asumir el cargo en caso de llegar a ser elegido Gobernador de Nariño por parte de la ciudadanía», indicaron los juristas.
Es de destacar que al revisarse la plataforma de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Nación, se estableció que el candidato a la Gobernación de Nariño, Luis Alfonso Escobar, no registra ninguna clase de sanciones ni procesos activos.