En medio de un debate de control político realizado el miércoles 19 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que el Estado se encuentra ante un “fracaso final” en la política de prevención del reclutamiento forzado y cuestionó la pertinencia de continuar con los bombardeos contra grupos armados ilegales cuando es “previsible” la presencia de menores de edad en los campamentos.
Durante su intervención, la Defensora fue enfática al señalar que, si bien la responsabilidad primaria de que los niños, niñas y adolescentes mueran en estas operaciones recae sobre los reclutadores —a quienes calificó de criminales de guerra—, la fuerza pública y el Gobierno Nacional deben evaluar sus estrategias ante el incremento de víctimas menores de edad en las recientes acciones militares.
“Yo entiendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH (Derecho Internacional Humanitario), pero yo me pregunto: si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de niños, niñas y adolescentes [muertos], ¿no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando?”, cuestionó Marín Ortiz ante los congresistas y el Ministro de Defensa.
La Defensora advirtió sobre la gravedad de normalizar estos resultados operacionales: “No podemos resignarnos a que esto siga ocurriendo (…) ¿Nos vamos a resignar a que van a seguir los bombardeos y cada vez vamos a recoger los cuerpos de más menores de edad? Perdónenme, pero yo no creo que esa sea una opción legítima ni posible”.
Una tragedia en ascenso
La Defensora presentó además un balance detallado y preocupante sobre los operativos recientes, señalando una tendencia creciente en la fatalidad de menores de edad. Recordó que en el bombardeo de El Retorno (Guaviare) el pasado 24 de agosto, según cifras de Medicina Legal, murieron tres menores; en Puerto Santander, el 1 de octubre, la cifra subió a cuatro; y en el reciente operativo en Calamar (Guaviare), el 10 de noviembre, fallecieron siete menores de edad (cuatro mujeres y tres hombres). A esto se suma un caso en Puerto Rondón (Arauca) con al menos una menor fallecida.
Sobre este punto, Marín Ortiz lanzó una interrogante sobre la aplicación del DIH: “¿Cómo podemos saber que todos los adolescentes que están muriendo efectivamente estaban en funciones continuas de combate? ¿O si estamos presumiendo que todos lo estaban y punto?”.
Más allá de la respuesta militar, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento del reclutamiento forzado. En lo corrido de 2024, la entidad ha registrado 625 casos a través de su botón de reporte, una cifra que ya supera los 423 casos totales de 2023, y que según la Defensora, es solo “la punta del iceberg” debido al subregistro por miedo en los territorios.
La caracterización de este flagelo muestra un impacto desproporcionado en poblaciones étnicas: el 46% de las víctimas son indígenas y el 6% afrocolombianos. Además, se advirtió un aumento en el reclutamiento de niñas y adolescentes, que ya supera el 40%.
“El reclutamiento es un crimen de guerra. Disiento con el Presidente de la República: que ojalá los juzgue la Corte Penal Internacional, no; ojalá los juzgue la justicia colombiana”, puntualizó la Defensora, recordando que todos los grupos armados, incluidas las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN, son responsables de esta práctica.
