POR: VICTOR RIVAS MARTÍNEZ.
Reconozco que todas las organizaciones indígenas, campesinas, afros y sociedad en general, tenemos el legítimo derecho a protestar y buscar la atención de nuestras necesidades cuando los gobiernos nacionales, regionales o locales, incumplen sus deberes con los ciudadanos. A nadie le gusta que le nieguen su derecho a tener una vida digna y en paz.
¿A quién le gusta vivir en la oscuridad, sin energía? ¿A quién le va a gustar tener una red vial en pésimas condiciones? ¿A quién le gusta ser víctima de la violencia armada, que genera desplazamientos, obligando a los campesinos a salir de sus parcelas abandonando sus pocos bienes y arriesgando la vida?
Por medios de comunicación nacionales y regionales, conocemos que estas, entre otras razones, son las motivaron que comunidades indígenas y afros del Patía, hayan decidido bloquear la panamericana para que el gobierno atienda sus peticiones.
Por otra parte, el bloqueo de la panamericana, también se da en el kilómetro 57.9 de la vía que de Pasto conduce a Rumichaca, por parte de las comunidades indígenas de Tangua, Yacuanquer e Iles, para exigir al gobierno mejores condiciones de vida, salud y apoyo al sector agropecuario.
Lo que no podemos compartir, es que estas comunidades con el ánimo de lograr estas legítimas conquistas, sometan a toda la ciudadanía y a todas las actividades económicas y comerciales, a padecer las consecuencias del bloqueo de la única vía que nos comunica con el interior del país y el sur de América.
A la crisis que vive el departamento, por los múltiples factores de violencia que impiden el normal desarrollo de las actividades económicas no le podemos agregar uno más que nos afecta a todos sin discriminación alguna. Los líderes de estos movimientos deben adoptar otro tipo de estrategias para lograr sus propósitos sin que se afecte a toda la ciudadanía. Recuérdese que, en el año 2023, se hicieron 33 bloqueos y en el año 2024, padecimos 55 más. ¡Esto es insoportable!.
Correo: rivas1957@gmail.com