La Jurisdicción Especial para la Paz informó una nueva actualización sobre el caso de los llamados “falsos positivos” en Colombia, elevando la cifra de víctimas de 6.402 a 7.837 personas. El anuncio fue realizado por el magistrado Pedro Díaz, quien explicó que este número podría seguir creciendo a medida que avancen las investigaciones todavía abiertas sobre homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado.
El incremento de la cifra se relaciona especialmente con avances en el Caso 03 de la JEP, que investiga muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública. Dentro de esta actualización se documentaron 1.435 víctimas adicionales en hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, una de las regiones más golpeadas por este fenómeno.
Según el informe, entre 1990 y 2016 se registraron en todo el país 7.837 víctimas de homicidios y desapariciones forzadas que luego habrían sido reportadas falsamente como combatientes muertos en operaciones militares. Estos crímenes son conocidos como “falsos positivos”, una práctica en la que civiles eran asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros abatidos para mostrar resultados operacionales y obtener beneficios institucionales.
La JEP también reveló información específica sobre la región de Urabá y Apartadó durante los años 2004 y 2005. Allí, en el marco de declaraciones de comparecientes, se habría establecido coordinación entre grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional, particularmente la Décimo Séptima Brigada y el Batallón Vélez. El informe señala que existió una política de facto y estructural de colaboración entre sectores de la fuerza pública y estructuras paramilitares en esa zona.
En el caso específico de Antioquia, entre 1990 y 2016 se contabilizaron 1.932 casos de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, lo que convierte al departamento en uno de los territorios con mayor número de registros. Para llegar a estas cifras, la JEP utilizó fuentes como el Centro Nacional de Memoria Histórica, informes entregados por víctimas, datos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
El artículo también relaciona esta actualización con el pronunciamiento del movimiento Madres de los Falsos Positivos, quienes rechazaron la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez ocupe el cargo de ministro de Defensa en un eventual gobierno de Paloma Valencia. Las madres calificaron esa posibilidad como una “burla” e insistieron en que las víctimas no pueden seguir siendo revictimizadas ni ignoradas.
En conjunto, la nueva cifra de 7.837 víctimas representa uno de los capítulos más graves del conflicto colombiano y refuerza la importancia de los procesos de verdad, justicia y reparación que adelanta la JEP para esclarecer responsabilidades y garantizar memoria histórica.
