La magistrada Gloria María Gómez Montoya solicitó a la Sección Segunda del Consejo de Estado negar la acción de tutela presentada por el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, contra el fallo que anuló su elección, al considerar que no se evidencian vulneraciones al debido proceso ni irregularidades que justifiquen la intervención del juez constitucional.
De acuerdo con el documento conocido, la togada concluyó que durante el trámite del proceso electoral se garantizaron todas las etapas procesales y el derecho a la defensa, precisando que las recusaciones, nulidades y demás recursos interpuestos por la defensa del mandatario ya habían sido resueltos oportunamente antes de que se emitiera la sentencia del pasado 5 de marzo de 2026.
En su análisis, la magistrada también fue enfática en advertir que varias de las actuaciones promovidas por la defensa de Krasnov tendrían un carácter reiterativo y dilatorio, en la medida en que buscaban reabrir discusiones ya definidas por las autoridades judiciales. Según indicó, este tipo de maniobras no solo afectan la celeridad del proceso, sino que pueden interpretarse como un uso indebido de los mecanismos judiciales.
El concepto además recuerda que existe un antecedente judicial en el que ya se había hecho un llamado de atención frente a este tipo de prácticas, ordenando evitar la presentación de solicitudes innecesarias que entorpezcan el curso normal del proceso. Pese a ello, señala el documento, se continuaron presentando acciones que habrían prolongado la definición de fondo del caso.
En ese sentido, la magistrada recomendó negar el amparo solicitado, al considerar que la tutela no cumple con los requisitos de procedencia, especialmente cuando no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable ni la vulneración de derechos fundamentales.
Ahora, será la Sección Segunda del Consejo de Estado la encargada de tomar una decisión definitiva frente a la tutela interpuesta por Krasnov, en un caso que sigue generando expectativa en el ámbito político y jurídico de Tunja, debido a sus posibles implicaciones sobre la estabilidad administrativa de la capital boyacense.
