Habitantes del sector denuncian abandono y amenazas.
Una grave denuncia sacude a una comunidad del barrio San Antonio Norte, sector Las Lomas en Duitama, donde más de 15 familias aseguran estar viviendo una verdadera crisis humanitaria al no contar con acceso al agua potable, pese a múltiples solicitudes, tutelas y llamados a las autoridades. Lo que debería ser un derecho fundamental se ha convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Según relata Francisco Álvarez, líder comunitario, la problemática no es nueva. Desde hace más de un año vienen gestionando soluciones ante el acueducto rural, la Alcaldía y diferentes entidades, sin obtener respuestas concretas. Por el contrario, denuncian que han sido ignorados e incluso señalados y perfilados, mientras las condiciones de vida se vuelven cada vez más críticas.
La situación es especialmente alarmante para adultos mayores y personas enfermas. Uno de los casos más preocupantes es el de un hombre de 83 años que permanece en cama y depende completamente de su familia, quienes deben cargar agua desde puntos lejanos en baldes para poder atender sus necesidades básicas. Esta práctica, además de indignante, representa un riesgo sanitario y físico para quienes la realizan. Los habitantes también aseguran que, lejos de recibir apoyo, han sido víctimas de amenazas por parte de entidades como Planeación e incluso los mismos dueños del acueducto quienes a su vez tienen injerencia en la junta de acción comunal, quienes advierten con la demolición de viviendas por supuestas irregularidades en las construcciones. Sin embargo, la comunidad insiste en que muchas de estas casas fueron levantadas por necesidad, ante la falta de recursos y apoyo estatal. A esto se suma la negativa del acueducto rural de brindar el servicio, bajo argumentos que los afectados consideran injustificados, ya que en otros sectores cercanos sí existe suministro. La percepción de desigualdad e injusticia ha generado indignación, pues consideran que se está vulnerando el derecho a la igualdad. Los líderes aseguran haber acudido a la Personería, la Defensoría del Pueblo e incluso a instancias nacionales, sin lograr avances. Documentos, derechos de petición reposan sin respuesta efectiva. “Nos sentimos invisibles, como si no existiéramos”, expresan con frustración.
La comunidad no descarta llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que se trata de una violación directa a los derechos humanos. Mientras tanto, sobreviven como pueden, recogiendo agua de fuentes improvisadas, exponiéndose a enfermedades y a condiciones indignas.
Este caso deja al descubierto una preocupante falla institucional, donde múltiples entidades parecen evadir su responsabilidad. Hoy, el llamado es urgente: las autoridades deben intervenir de manera inmediata y garantizar el acceso al agua, antes de que esta crisis escale a consecuencias irreversibles.
