La reciente agresión a funcionarios de Espacio Público de Pasto ha generado un profundo debate sobre la gestión del espacio urbano y las tensiones entre la Administración local y los vendedores ambulantes.
El incidente, que ocurrió el pasado jueves, ha puesto en el centro de la controversia la difícil tarea de equilibrar la regulación del espacio público con las necesidades de los comerciantes informales.
El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, se pronunció sobre los eventos que desencadenaron la violencia. Según precisó, el incidente comenzó cuando los funcionarios del Espacio Público se encontraban realizando un operativo para desalojar a un vendedor ambulante que estaba utilizando una carretilla en una zona peatonal restringida.
Advertencia
«Al señor implicado en los hechos ya le habían advertido anteriormente que se retirara del lugar. Sin embargo, hizo caso omiso a las indicaciones. Al momento de incautar su herramienta de trabajo, el vendedor sacó un cuchillo e intentó agredir a los funcionarios», detalló el mandatario local.
La situación ha puesto de manifiesto la creciente división en la opinión pública. Un sector de la población aboga por la protección de los vendedores ambulantes, quienes ven en la venta en la calle una forma de subsistencia indispensable.
Por otro lado, existe una creciente demanda por parte de los ciudadanos que desean recuperar y preservar los espacios públicos para su uso y disfrute general.
Desafíos
El alcalde Toro Muñoz ha subrayado que la Administración municipal está trabajando activamente para abordar estos desafíos de manera equitativa.
«Estamos en contacto con varios vendedores para encontrar puntos de acuerdo y buscar soluciones viables que cumplan con lo que exige la ley. Estamos esperando la asignación de recursos y la toma de decisiones definitivas para su reubicación, tal como lo estipula la normativa vigente», explicó el alcalde.
En este sentido, el mandatario local ha anunciado un plan para reubicar a los vendedores. Se espera que a finales de este año se adquieran lotes ubicados en la calle 27, y para marzo del próximo año se espera que los módulos de reubicación estén operativos.
Proyecto
Este proyecto, que se estima costará alrededor de 8.000 millones de pesos, pretende ofrecer a los vendedores condiciones más adecuadas para que puedan continuar con su actividad comercial sin afectar el espacio público.
El alcalde Toro Muñoz también hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar la convivencia y el respeto mutuo. «Es crucial que mantengamos el diálogo y el respeto en la resolución de estos conflictos «, concluyó.
El caso está ahora en manos de las autoridades correspondientes, quienes deben tomar decisiones sobre las medidas a seguir en este lamentable episodio de agresión.