El comportamiento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, desde el año anterior, comenzó a ser motivo de preocupación en la empresa.
Fue entonces, cuando surgió el interrogante. ¿Esas acciones le estaban haciendo daño a la imagen de Ecopetrol? Esto se convirtió en una prioridad, que llevó al contrato, primero por 875 mil dólares y luego por 5 millones 800 mil dólares, que hoy son la causa de otro tremendo escándalo, que inclusive empieza a ser calificado como del mismo calibre del de la UNGRD y sus carrotanques.
Lo cierto es que el presidente de Ecopetrol ha estado en el ojo del huracán, por acusaciones sobre el desvío de contratos, espionaje a funcionarios de importancia, así como una presunta interferencia de su pareja en asuntos internos de la empresa.
Todo esto llevó a que se contactara a la firma estadounidense Covington & Burling LLP, para una asesoría legal para enfrentar las investigaciones contra Roa.
Empieza el lío
La controversia, convertida hoy en escándalo creció cuando el excongresista nariñense y hoy, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe y otros integrantes de la mencionada junta, afirmaron que no habían aprobado el contrato. Pero la cuestión es que documentos internos, dan a entender que la junta sí sabía del asunto, por lo que la renuncia de una de sus integrantes, Mónica De Greiff le dio aire a esa posibilidad, aumentó la crisis interna y la posibilidad de la próxima salida de Ricardo Roa.
Lo que ahora se conoce es que ella renunció ante la indignación que le produjo las interceptaciones ilegales, además de que en una reunión de carácter privado con el presidente Gustavo Petro, dijo de manera tajante que nunca aprobó el otrosí del contrato con Covington & Burling, y que se sintió traicionada.
¿Sería el final?
Los analistas consideran que este reciente escándalo, será el que le ponga fin a la carrera de Ricardo Roa, como presidente de Ecopetrol.
El funcionario es un hombre cercano al presidente Gustavo Petro, ya que fue el gerente de su campaña presidencial en 2022, pero se cree que por su larga lista de señalamientos en contra, controversias e investigaciones que lo han rodeado, ni siquiera el mandatario nacional podrá salvarlo de esta coyuntura.
Este último escándalo, sin embargo, sería el que, por fin, le rayaría el teflón a Roa: hombre cercano al presidente Gustavo Petro, que fue su gerente de campaña presidencial en 2022. Esto debido a que la lista de señalamientos, investigaciones y polémicas que han rodeado al funcionario desde que llegó a la petrolera es más bien largo.
En efecto, en octubre del año pasado, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, le abrió una investigación por sus constantes ausencias a las citas que se le hicieron a debates de control en el Congreso de la República.
En octubre de 2024, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una indagación previa en su contra por sus constantes ausencias en las citas a debates de control desde el Congreso de la República.
En ese sentido, le pidieron a la Comisión Quinta del Senado indicar cuántas veces Roa ha sido esquivo con los debates de control y, de otro lado, pidieron a Ecopetrol adjuntar el manual de funciones del presidente de esa empresa.
Se trató de la segunda investigación disciplinaria que le abrían a Roa, quien estaba en problemas con la Procuraduría General de la Nación, desde diciembre de 2023, cuando esta dependencia le abrió investigación por presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente.
Esa decisión se tomó luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, le dijo a la Fiscalía General de la Nación que el empresario Euclides Torres patrocinó un evento de campaña en Barranquilla. Pero, antes de esa apertura de indagación, se reveló que Roa adquirió por mil 800 millones de pesos, un apartamento a una firma cuyo propietario es un reconocido empresario del sector de hidrocarburos, lo cual tipificaría un posible conflicto de interés por el cargo que ocupa en Ecopetrol.
Igualmente se acusa a Roa de permitir que su pareja sentimental, tenga injerencia en la escogencia de funcionarios, lo que ha sido materia de investigación.
TITULO (RECUADRO)
Otras acusaciones
El pasado 8 de mayo la Fiscalía 21 Especializada en delitos contra la administración pública asumió la investigación penal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros altos funcionarios de la estatal petrolera por su presunta participación en un entramado de irregularidades contractuales que habrían favorecido a la empresa Helistar.
Violación de topes
El pasado 28 de mayo la Procuraduría pidió sancionar a Ricardo Roa en medio de la investigación por presunta violación de topes electorales en la campaña de 2022. Según el documento, en el que también se pide sancionar a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus, Roa actuó de manera presuntamente irregular al reportar los gastos de campaña durante la primera vuelta.
El caso más reciente
En mayo del presente año la Junta Directiva de Ecopetrol de 2024 suscribió un contrato con la firma investigadora Covington & Burling LLP para determinar los alcances en Estados Unidos de las investigaciones en curso sobre Roa. La firma tendría en su posesión chats personales, correos electrónicos y audios de entrevistas realizadas a directivos que darían luces sobre la preocupación por las acusaciones.
Presunto espionaje
La cereza en el pastel en este repertorio de escándalos, que tiene a Ricardo Roa hoy en la cuerda floja y con el teflón a punto de dañársele, fue la publicación de unos documentos confidenciales —revelados por Semana y Blu Radio— que demostraría que el presidente de la petrolera habría ordenado la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de al menos 70 altos funcionarios de la compañía, incluyendo filiales como Hocol y Cenit.
TITULO (RECUADRO)
Investigan la Contraloría y la Procuraduría
La Contraloría General de la Nación se sumó a la lista de entidades de control que le están poniendo la lupa al polémico contrato de 5.8 millones dólares firmado entre Ecopetrol y la compañía Covington & Burling, con aval de la junta directiva, para identificar el riesgo e impacto para la compañía de los escándalos de su presidente, Ricardo Roa.
El ente de control le está pidiendo justamente a Roa toda la información detallada sobre este millonario contrato en marco de las facultades que tiene ejercer vigilancia y control fiscal sobre la gestión de los recursos públicos.
La solicitud fue firmada por el contralor delegado Germán Castro Ferreira y allí se detalla que Ecopetrol debe entregar toda la información relacionada con la investigación independiente sobre riesgos reputacionales, copia del mencionado contrato, los pagos hechos hasta la fecha y sus soportes y los reportes entregados por la firma contratista.
Aclarar el contrato
Así mismo, debe confirmar cuál es el estado del contrato, es decir, si sigue en ejecución o ya fue liquidado.
Pero la solicitud de la Contraloría va más allá de la reciente polémica y también le pide a Ecopetrol información sobre la importación de gas que ha sido tema de discusión entre expertos y gremios.
Sobre esto, la compañía debe entregar un informe con la justificación técnica y estrategia de la decisión, el respaldo legal, económico y social y cuáles fueron las alternativas consideradas y los avances hasta la fecha.
Finalmente, la Contraloría también requirió datos de la adquisición del portafolio de Statkraft European Wind and Solar Holding, AS – Statkraft y la adquisición del proyecto de energía eólica Windpeshi.
Indagación previa
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para esclarecer posibles irregularidades disciplinarias en torno al otrosí presuntamente firmado por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling, un contrato que fue inicialmente aprobado por 875.000 dólares y que se incrementó a 5,8 millones de dólares.
Según la compañía, este contrato tenía como finalidad evaluar el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa en la reputación de la empresa. Sin embargo, presuntamente también se habría realizado una inspección a las comunicaciones de algunos funcionarios de la empresa estatal más importante del país.
Ahora, lo que ha ordenado la Procuraduría en un auto de 10 páginas es, en primer lugar, practicar una inspección disciplinaria en las instalaciones de Ecopetrol, con el propósito de recaudar pruebas como la copia del contrato, sus modificatorios u otrosíes, y demás documentos que soporten la ejecución del contrato celebrado con esta firma estadounidense.
Esto, con el objetivo de realizar una consultoría sobre el análisis de riesgos reputacionales, que incluya el informe ejecutivo sobre el estado actual del contrato y los pagos realizados hasta la fecha.