La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una polémica reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo que restringe la participación de sectores opositores en los procesos electorales y amplía de seis a siete años el periodo presidencial. La decisión genera nuevas críticas sobre el futuro de la democracia en el país centroamericano.
La reforma fue aprobada en primera legislatura y establece modificaciones profundas al sistema político nicaragüense. Entre los cambios se encuentra la posibilidad de impedir que personas consideradas vinculadas con acciones calificadas por el Gobierno como conspiraciones golpistas, traición a la patria o solicitudes de intervención extranjera puedan participar en procesos electorales.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la ampliación del periodo presidencial, que pasaría de seis a siete años. La medida también contempla extender los periodos de otras autoridades electas, así como de los máximos responsables de las fuerzas militares y policiales.
Daniel Ortega lleva casi dos décadas en el poder
Daniel Ortega, antiguo dirigente sandinista, regresó a la Presidencia de Nicaragua en 2007 y desde entonces ha permanecido de manera prácticamente ininterrumpida al frente del país. La reforma representa un nuevo cambio en las reglas institucionales que permiten prolongar el periodo de las autoridades nacionales.
En 2024, el oficialismo ya había promovido una reforma que aumentó de cinco a seis años el periodo presidencial y convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta. Ahora, la nueva iniciativa plantea llevar el mandato a siete años.
El Gobierno de Ortega sostiene que las modificaciones buscan fortalecer la estabilidad y la paz del país. Sin embargo, sectores opositores y distintos gobiernos han cuestionado la reforma, al considerar que limita todavía más la competencia política y las posibilidades de alternancia en el poder.
La oposición quedaría fuera de las elecciones
Uno de los aspectos que más preocupación ha generado es la posibilidad de excluir de las elecciones a sectores opositores bajo determinadas causales establecidas en la reforma constitucional. La medida afecta especialmente a dirigentes que se encuentran en el exilio y a organizaciones críticas del Gobierno.
La iniciativa llega después de años de una profunda crisis política en Nicaragua. Desde las protestas de 2018, el país ha enfrentado fuertes tensiones entre el Gobierno y la oposición, además de denuncias internacionales relacionadas con represión, detenciones y restricciones a las libertades políticas.
Ortega también afirmó en julio de 2026 que en Nicaragua no volvería a haber elecciones, argumentando que su Gobierno busca impedir que la oposición recupere el poder. Estas declaraciones aumentaron la preocupación internacional sobre el futuro del sistema electoral nicaragüense.
La reforma todavía debe ser ratificada
Aunque la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa en primera legislatura, la reforma constitucional todavía necesita una segunda aprobación para entrar plenamente en vigor. Según los reportes, esa nueva votación deberá realizarse en la siguiente legislatura, prevista para 2027.
La decisión mantiene la atención de gobiernos y organizaciones internacionales, que han cuestionado las restricciones a la participación política y el proceso de concentración del poder en Nicaragua.
Con la eventual entrada en vigor de la reforma, el sistema político nicaragüense enfrentaría un nuevo escenario, marcado por periodos presidenciales más largos y mayores restricciones para los sectores opositores. Mientras tanto, Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen el control de las principales instituciones del Estado y avanzan hacia una nueva etapa de su prolongado dominio político.
