El reciente contrato del bailarín y coreógrafo colombiano Nerú Martínez con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) volvió a poner en el centro del debate público la forma en que se realizan algunos procesos de contratación en el Gobierno nacional. El caso ha generado cuestionamientos tanto por el monto acumulado de los contratos como por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer.
De acuerdo con registros oficiales y reportes periodísticos, Martínez firmó el 29 de enero de 2026 un nuevo contrato por aproximadamente 36 millones de pesos, apenas dos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, normativa que limita la contratación directa en periodos preelectorales.
Con esta nueva vinculación, el bailarín supera los 270 millones de pesos facturados con el Estado desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022.
Una relación contractual continua desde 2022
El historial contractual de Martínez muestra una relación sostenida con el Dapre. Desde septiembre de 2022 ha suscrito al menos seis contratos consecutivos bajo la modalidad de prestación de servicios, todos mediante contratación directa.
Las cifras evidencian un crecimiento progresivo en los ingresos:
- Entre 2022 y 2024: más de 176 millones de pesos acumulados.
- En 2024: contrato cercano a los 77 millones de pesos, el más alto registrado.
- En 2025: nuevo contrato por más de 64 millones de pesos.
- En 2026: contrato por 36 millones de pesos vigente hasta julio.
En total, el monto asciende a más de 276 millones de pesos en menos de cuatro años.
¿Qué funciones cumple en la Presidencia?
Según los documentos contractuales, el objeto de los servicios prestados por Martínez se ha mantenido constante: apoyar actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios de la Casa de Nariño.
Entre sus tareas se incluyen:
- Dinámicas de actividad física y baile (“Nerumbas”)
- Estrategias de salud mental y manejo del estrés
- Actividades para mejorar el clima organizacional
Estas funciones se enmarcan dentro de programas internos de talento humano, orientados a mejorar el bienestar físico y emocional del personal de la Presidencia.
Cuestionamientos y debate político
El caso ha despertado críticas desde distintos sectores, principalmente por tres factores:
1. Contratación directa reiterada
Todos los contratos han sido adjudicados sin licitación pública, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.
2. Cercanía con la primera dama
Martínez es reconocido por su relación cercana con Verónica Alcocer, con quien ha trabajado durante años en actividades de entrenamiento físico.
3. Momento del contrato más reciente
La firma del contrato justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías ha sido interpretada por críticos como una forma de anticiparse a restricciones legales.
Además, informes señalan inconsistencias en sus declaraciones de bienes e ingresos, lo que ha incrementado las dudas sobre el control y la vigilancia en estos procesos.
Contexto: otros contratos bajo la lupa
El caso de Martínez no es aislado. Otros contratos del Dapre con personas cercanas al círculo de la primera dama también han sido objeto de revisión pública, lo que ha ampliado el debate sobre la contratación en la Presidencia.
Desde el Gobierno, sin embargo, se ha defendido que estas vinculaciones responden a necesidades institucionales y a estrategias de eficiencia administrativa, especialmente en áreas como bienestar laboral y logística de eventos oficiales.
Un debate abierto
Mientras algunos sectores consideran que estos contratos son necesarios para mejorar el ambiente laboral dentro de la Presidencia, otros cuestionan su pertinencia en medio de recortes presupuestales y políticas de austeridad.
El caso de Nerú Martínez se ha convertido así en un ejemplo del debate más amplio sobre el uso de recursos públicos, la transparencia en la contratación estatal y los límites entre confianza política y meritocracia en el Gobierno colombiano.
