Lo que comenzó como la mayor estrategia de negociación del gobierno saliente terminó entre diálogos suspendidos, más actores armados y con ningún resultado concreto.
LA APUESTA INICIAL
Alexander Díaz Mendoza, Alias Calarcá, cabecilla de las FARC. Imagen apoyada con IA.
La política de «paz total» comenzó oficialmente el 31 de diciembre de 2022 con una de las apuestas más ambiciosas de las últimas décadas en materia de seguridad y negociación. El gobierno de Gustavo Petro decretó un cese bilateral del fuego por seis meses con cinco estructuras armadas de manera simultánea: el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, el clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Nunca antes un Gobierno había intentado desarrollar procesos paralelos con tantos actores armados. Sin embargo, el panorama comenzó a complicarse rápidamente por la fragmentación de las organizaciones ilegales, especialmente de las disidencias de las Farc, que terminaron divididas entre las facciones lideradas por alias «Iván Mordisco» y alias «Calarcá». Esa ruptura obligó a abrir mesas independientes y modificó por completo el diseño inicial de las negociaciones, aumentando la complejidad política, jurídica y operativa de una estrategia que también cambió de orientación con el relevo de Danilo Rueda por Otty Patiño en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
MESAS SUSPENDIDAS Y BALANCES ENFRENTADOS
Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz de Colombia.
El cambio de liderazgo también significó una transformación en la estrategia. Mientras la primera etapa priorizó los ceses al fuego como punto de partida para avanzar en acuerdos, la segunda concentró sus esfuerzos en la denominada transformación territorial, enfocada en intervenir las condiciones sociales y económicas de las regiones afectadas por la violencia. Al cierre del cuatrienio, cuatro mesas políticas quedaron suspendidas: las del Eln, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central. Permanecen abiertas únicamente las conversaciones con los Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de «Calarcá». Paralelamente continúan cinco diálogos sociojurídicos con estructuras criminales en Buenaventura, Quibdó, Medellín, el Valle de Aburrá, Barranquilla y el clan del Golfo, pese a que nunca existió una ley de sometimiento colectivo que respaldara jurídicamente esos procesos.
EL PANORAMA QUE DEJÓ
Eduardo Pizarro Leongómez, expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
El balance de la política divide a los analistas. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sostiene que los procesos de paz rara vez concluyen durante un solo gobierno y considera que no existe una relación directa entre las mesas de negociación y el crecimiento de los grupos armados. En contraste, Luis Trejos, de la Universidad del Norte, afirma que la estrategia fracasó porque no produjo acuerdos definitivos y hoy existen más organizaciones armadas que cuando comenzó en 2022. Una visión similar tiene Óscar Palma, de la Universidad del Rosario, quien advierte que los principales indicadores de seguridad permanecen en niveles críticos. Actualmente, estas estructuras superarían los 27.000 integrantes. Frente a ese escenario, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que concederá un plazo de un mes para que los grupos ilegales entreguen las armas, una propuesta que el analista Eduardo Pizarro Leongómez considera insuficiente ante la complejidad del conflicto colombiano.