Las autoridades locales en Nariño y Cali activaron planes de contingencia para hacer frente a la llegada masiva de colombianos deportados desde Ecuador, luego de que el gobierno de ese país ordenara su salida sin previo acuerdo bilateral. Hasta el momento, más de 400 personas han ingresado por el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, en la frontera entre Ipiales y Tulcán, y se espera que en los próximos días la cifra supere el millar.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto al Gobierno Nacional, la Alcaldía de Ipiales, la Policía y el Ejército, con el objetivo de atender esta situación migratoria que, según calificó, se está tornando cada vez más compleja.
De acuerdo con el mandatario, al menos 300 personas han llegado a Ipiales, de las cuales 10 fueron capturadas por tener requerimientos judiciales vigentes. “Estamos trabajando bajo protocolos ya establecidos en otras ocasiones para garantizar una recepción ordenada y segura de nuestros connacionales”, explicó Escobar. Además, señaló que ya se inició el traslado de algunos deportados hacia otras ciudades como Cali y Bogotá.
La capital vallecaucana, uno de los puntos de destino, también encendió las alertas. Álvaro José Pretel, secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali, confirmó que se han dispuesto operativos logísticos y de atención humanitaria, en coordinación con la Mesa de Víctimas y la subsecretaría de Víctimas. Además, se implementarán cercos de seguridad para prevenir alteraciones del orden público.
No obstante, la administración caleña advirtió sobre la creciente presión que esta situación ejerce sobre el ya saturado sistema carcelario de la ciudad, especialmente ante la llegada de personas con antecedentes judiciales.
Desde Migración Colombia se indicó que se adoptó un protocolo especial de verificación y control para el ingreso de las personas deportadas. Este proceso incluyó toma de huellas, cotejo con bases de datos de la Registraduría Nacional y revisión de antecedentes penales, con apoyo del CTI, la Policía, el Ejército y autoridades locales.
El Gobierno colombiano ha manifestado su inconformidad con la manera en que se está llevando a cabo este proceso. La Cancillería calificó la medida como un “gesto inamistoso” por parte de Ecuador, al denunciar que se trató de una deportación unilateral que no permitió establecer protocolos de entrega claros ni compartir información sobre la identidad y situación jurídica de los expulsados.
Ecuador, por su parte, defendió su actuación afirmando que responde a la necesidad de descongestionar sus cárceles y que las deportaciones se han realizado bajo el marco normativo vigente y en cumplimiento de sus compromisos internacionales.
La Defensoría del Pueblo recordó que Colombia ha sido territorio de tránsito para más de 84.000 migrantes en situación irregular en lo que va del año, en su mayoría venezolanos, aunque también provenientes de países como Ecuador, India, Haití, Bangladesh y China.
Ante la magnitud de la situación, las autoridades colombianas anunciaron que mantendrán el plan de contingencia en la frontera sur para garantizar el ingreso seguro y controlado de los deportados.