La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, emitió una serie de alertas tempranas frente a la crítica situación de orden público que atraviesan varios municipios del departamento de Nariño, donde el recrudecimiento de la violencia por cuenta de grupos armados ilegales está generando graves afectaciones a la población civil.
Según el informe oficial, los municipios de Cumbitara, El Peñol y El Tambo se encuentran entre los más golpeados en la zona centro del departamento. En estas localidades se han registrado enfrentamientos armados entre estructuras ilegales que disputan el control territorial, provocando desplazamientos forzados, confinamientos y un creciente temor entre las comunidades campesinas.
Zonas en peligro
Los lugares en los que la Defensoría del Pueblo advierte riesgo son el casco urbano de El Tambo y los corregimientos San Pedro (veredas Aminda, Cascajal Bajo, Cafelina, Chagraurco, Los Limos, San Pablo Bajo y San Pedro) y El Azogue (veredas Pueblo Viejo, Ovejera, Azogue y La Cocha).
Igualmente, el casco urbano de El Peñol y los corregimientos Las Cochas (veredas Guayabal, Humero, Cajabamba, Torrecilla y Las Cochas), El Peñol Centro (veredas Charguayaco, Perejil, Molinoyaco y La Cuchilla), Peñol Viejo (vereda Peñol Viejo) y La Toma (veredas Guayabillo, Papao, Nuevo Peñol y La Toma).
En la costa Pacífica
La situación es aún más compleja en la costa pacífica nariñense. Municipios como Magüí Payán, Roberto Payán, Barbacoas, El Charco, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuandé enfrentan una fuerte presencia de grupos armados ilegales que han intensificado sus acciones en las últimas semanas, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de cientos de familias.
Desplazamientos
De acuerdo con la Defensoría, estas dinámicas de violencia no solo incluyen combates directos, sino también amenazas, reclutamiento forzado de menores, instalación de artefactos explosivos y restricciones a la movilidad de la población. Las comunidades, muchas de ellas afrodescendientes e indígenas, se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad ante la limitada capacidad de respuesta institucional en estas zonas apartadas.
“Igualmente preocupante es el aumento de los desplazamientos masivos y el confinamiento de comunidades enteras, que quedan atrapadas en medio del fuego cruzado”, advirtió Iris Marín. La funcionaria hizo énfasis en que estas condiciones representan una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Con las elecciones al frente
La alerta se produce en un momento especialmente sensible para el país, a menos de dos meses de la realización de las elecciones presidenciales. En este contexto, la Defensoría del Pueblo advirtió que la situación de orden público en Nariño podría afectar de manera significativa las garantías para el ejercicio democrático, particularmente en las zonas rurales y de difícil acceso.
“La presencia de actores armados ilegales puede generar presiones indebidas sobre los votantes, limitar la participación ciudadana y afectar la transparencia del proceso electoral”, señaló la entidad en su pronunciamiento. Asimismo, se alertó sobre el riesgo de que algunos territorios queden prácticamente aislados, lo que dificultaría la instalación de mesas de votación y el normal desarrollo de la jornada electoral.
Llamado urgente
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte medidas inmediatas que permitan garantizar la seguridad en las zonas afectadas. Entre las principales solicitudes se destaca el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, así como la implementación de acciones integrales que incluyan atención humanitaria para las comunidades desplazadas.
Las autoridades también instaron a reforzar los mecanismos de prevención y protección, incluyendo la activación de rutas de atención para víctimas y el acompañamiento permanente de organismos de control en los territorios en riesgo.
TITULO (RECUADRO)
Permanente seguimiento
La Defensoría reiteró que continuará haciendo seguimiento permanente a la situación en Nariño y exhortó a todas las instituciones del Estado a actuar de manera coordinada para proteger a la población civil. “Es fundamental evitar que la violencia siga escalando y garantizar condiciones mínimas de seguridad y dignidad para las comunidades”, concluyó Iris Marín.
La alerta temprana pone nuevamente en evidencia los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el departamento de Nariño, así como la urgencia de implementar soluciones estructurales que permitan recuperar el control institucional y garantizar la paz en esta región del país.
