Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
La integración y la hermandad entre los países se caracterizan por una tendencia internacionalista o de acercamiento político, económico, cultural, científico, etc.
Dentro de esos parámetros la diplomacia a través de la historia de los pueblos ha jugado y seguirá jugando un trascendental papel en la búsqueda de objetivos y propósitos comunes de aquellas naciones que deciden estrechar sus manos en favor del bienestar de sus habitantes.
Es por ello, que para lograr esos alcances en el contexto mundial, todos los Estados cuentan con unos funcionarios que se denominan diplomáticos, entre quienes se encuentran los embajadores, enviados extraordinarios, ministros residentes encargados de negocios (cónsules).
Todos los cuales gozan de prerrogativas reconocidas por el Derecho Internacional Público. Los lugares en donde los diplomáticos ejercen sus funciones se llaman embajadas y se consideran una parte del Estado que representan y cualquier acto de perturbación que se cometa contra aquellos se considera como una violación a la soberanía.
De allí que, hemos visto casos en que cuando una persona se ve amenazada de determinada persecución, en especial política, de inmediato suele buscar la protección de un país mediante el asilo en su embajada. Pues, tiene el convencimiento que de esa manera se le garantiza su integridad personal, como su libertad y en últimas su vida.
Si bien es cierto que a los diplomáticos se los ha facultado para cumplir estrictas y definidas funciones trazadas por el Jefe de Estado, como máxima autoridad en las relaciones internacionales, a fin de que sean un medio acertado en propender en la solución de los problemas que se susciten en los procesos integracionistas, muchos de ellos poco o nada hacen al respecto.
Creen que su cargo es sólo para velar por los “derechos” de sus amigos y familiares y más no de unos connacionales en territorio extranjero. Es triste decirlo, pero es la verdad los colombianos y, en especial, los nariñenses han sido testigos de todos los atropellos y vejámenes que han tenido que soportar y soportan en el vecino país del Ecuador.
Nariño, por ser un punto estratégico fronterizo con el Ecuador, en donde sus habitantes tienen contactos comerciales, turísticos, personales y hasta de diversa índole con el vecino país, durante el gobierno de Gustavo Petro no ha tenido una verdadera embajadora de Colombia para sea una vocera y defensora de los intereses institucionales de Colombia a carta cabal y, por ende, de los pobladores de esta sección de la Patria, sin dejar por supuesto abandonados a otros del interior que así lo requieran.
Las divergencias políticas existentes entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, a raíz del incremento de los aranceles a productos colombianos por parte del gobierno ecuatoriano y la suspensión del suministro de energía desde Colombia al vecino país, le están causando un inmenso daño en todos los niveles de la política exterior a los habitantes de estos Estados y, sobre todo, de sus regiones fronterizas.
¿Hasta cuándo durarán esas peleas? No lo sabemos. Sin embargo, en el caso específico de Nariño, hoy en día es una especie de huérfano más en el ámbito internacional frente a Ecuador.
La clase política y empresarial que son los más llamados para buscar un acercamiento entre los dos mandatarios para restablecer las relaciones diplomáticas internacionales, no exhalan ni un suspiro, ni una queja.
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