Las declaraciones dadas a conocer en las últimas horas por el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional, Otty Patiño, generan desde este fin de semana una gran preocupación en el departamento de Nariño.
En efecto, el funcionario confirmó la interrupción de las tres mesas de diálogo que el Gobierno nacional sostenía con grupos armados ilegales en distintas regiones del país. Una de estas mesas tenía un impacto directo en este territorio del suroccidente colombiano, históricamente afectado por el conflicto armado y la presencia de estructuras ilegales, por lo que la incertidumbre es grande en la región.
Por lo ocurrido en el sur
Según explicó Patiño, la decisión de suspender los diálogos responde a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días, particularmente en Nariño. Entre ellos, el asesinato de tres soldados en el municipio de Ipiales y el trágico incidente ocurrido en Olaya Herrera, donde cuatro niños resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado. Estos hechos, calificados como inaceptables por el Gobierno, evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad que, según las autoridades, no permite mantener en pie los actuales procesos de negociación.
Inquietud en los municipios
La noticia ha caído como un balde de agua fría en distintas zonas del departamento, especialmente en municipios como Policarpa, Cumbitara, El Rosario, El Charco, Magüí Payán, Roberto Payán, Barbacoas y Olaya Herrera, donde la presencia de grupos armados y economías ilegales ha sido una constante durante años. En estas localidades, líderes sociales, autoridades locales y habitantes han expresado su inquietud ante lo que consideran un posible recrudecimiento de la violencia.
“Había una esperanza en los diálogos, así fuera frágil, pero era una puerta abierta para disminuir la confrontación. Ahora sentimos que volvemos a un escenario incierto”, manifestó un líder comunitario del municipio de Policarpa, quien pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad.
A la puerta de las elecciones
La preocupación aumenta debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, un periodo que históricamente ha estado marcado por tensiones en regiones con presencia de actores armados. Analistas advierten que la ruptura de los diálogos podría traducirse en un aumento de acciones violentas, como ataques a la fuerza pública, restricciones a la movilidad de la población civil, confinamientos y amenazas contra líderes sociales y candidatos.
En municipios de la costa pacífica nariñense, como El Charco, Magüí Payán y Barbacoas, las comunidades temen que se intensifiquen las disputas territoriales entre grupos armados, especialmente en zonas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilícitas. “Cuando no hay diálogo, lo que viene es la confrontación. Y los que terminamos en medio somos nosotros, la población civil”, expresó un habitante de El Charco.
Urgente llamado
Por su parte, autoridades departamentales han hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que se implementen medidas de contingencia que permitan proteger a la población y evitar un deterioro mayor del orden público. Entre las solicitudes se encuentran el refuerzo de la presencia institucional, el aumento de operativos de seguridad y la activación de rutas de atención humanitaria.
Igualmente se han alzado algunas voces respecto a que, si bien es entendible la gravedad de los recientes acontecimientos que se registraron en la semana que termina en el departamento de Nariño, es importante que se mantengan los canales de comunicación, para pensar en la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz.
Tensión en la frontera
En Ipiales, donde ocurrió el asesinato de los tres soldados, la tensión es evidente. Las autoridades han intensificado los controles y operativos, mientras la ciudadanía permanece alerta ante posibles nuevos hechos de violencia. En Olaya Herrera, en tanto, la comunidad continúa conmocionada por el caso de los menores heridos, un hecho que ha reavivado el rechazo generalizado contra el uso de minas antipersonal, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario.
Panorama complejo
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han reiterado la necesidad de proteger a la población civil y garantizar el respeto por las normas humanitarias, independientemente del estado de los diálogos. Asimismo, han insistido en que la salida negociada al conflicto sigue siendo la vía más viable para lograr una paz duradera.
Mientras tanto, en los municipios más afectados, el temor se mezcla con la incertidumbre. A pocas semanas de las elecciones presidenciales, Nariño enfrenta un panorama complejo, en el que la seguridad y la estabilidad parecen estar en riesgo. La suspensión de los diálogos no solo representa un retroceso en los esfuerzos de paz, sino también un desafío inmediato para evitar que la violencia vuelva a escalar con fuerza en una región que, por años, ha clamado por tranquilidad y oportunidades de desarrollo.
