Cuando solo restan 5 meses para la realización de las elecciones legislativas para el Senado y la Cámara de Representantes, el departamento de Nariño, sigue apareciendo en los primeros lugares en lo que tiene que ver con los asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como de defensores y defensoras de derechos humanos, de acuerdo con los reportes hechos por Amnistía Internacional.
Es así como Nariño continúa entre los cuatro primeros departamentos de Colombia, donde con mayor frecuencia se registran estos hechos de violencia, solo superado por Antioquia, Cauca y Norte de Santander, en tanto que en quinto puesto se ubica el Valle del Cauca.
Amnistía Internacional señala en su estudio que América Latina y el Caribe siguen siendo las regiones más peligrosas para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente y Colombia sigue siendo el país más letal del mundo para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En el informe se precisa que el Covid-19 puso al descubierto y con una mayor gravedad la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que es la causa para que Las Américas sea la región más afectada por la pandemia.
Principales víctimas
A nivel mundial sobre la situación de los derechos humanos, el informe de Amnistía Internacional documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, las personas migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia.
“No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción, incluso antes del brote de Covid-19”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Añadió la directora que los gobiernos de las Américas deben reconstruir la región sobre la base de la equidad, la compasión y la humanidad.
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, las Américas figuraron entre las regiones más afectada por el Covid-19, con más de 56 millones de casos y 1,7 millones de muertes en Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo, luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizarán una transparencia plena.
Reconstrucción
“Los gobiernos de las Américas deben reconstruir la región sobre la base de la equidad, la compasión y la humanidad” y agrega que el primer paso en esta dirección es conceder prioridad a las necesidades de quienes han quedado excluidos por decenios de abandono y políticas de división y garantizar su acceso a las vacunas contra el Covid-19.
También deben tomar medidas audaces e integrales para abordar los desproporcionados efectos sociales y económicos de la pandemia en las personas que históricamente han sufrido discriminación, garantizar que todas las personas tienen igualdad de oportunidades de vivir en condiciones de seguridad y de disfrutar de sus derechos humanos”, afirmó Erika Guevara Rosas.
Región desigual
El documento de Amnistía Internacional hizo además las siguientes presiones:
Al comenzar el año 2020, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que sólo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema aumentaba en 8 millones.
El Covid-19 golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que las medidas gubernamentales con frecuencia menoscabaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se hallaban en las situaciones de mayor precariedad.
En algunos casos, quienes alzaban la voz podían ser objeto de sanciones, como en Nicaragua, donde al menos 31 trabajadores y trabajadoras de la salud fueron despedidos por expresar sus motivos de preocupación.
Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas a la pandemia de Covid-19.
Ante la persistente huida de la violencia, la pobreza y los efectos de la crisis climática, varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer la peligrosa enfermedad, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo.
Las restricciones asociadas al Covid-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, que fue el país más mortífero del mundo para periodistas el año anterior.
Mujeres y niñas
La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en las Américas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.
Las personas Lgbti fueron objeto de violencia y homicidios en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas tras y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente el año pasado.
Alto riesgo
Los pueblos indígenas, en especial en Colombia, se vieron muy afectados por el Covid-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida.
De esta manera Amnistía Internacional concluye que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente.
Colombia seguía siendo el país más letal del mundo para los defensores y defensoras de derechos humanos.
