El 70% de los municipios del suroccidente colombiano enfrentan riesgo extremo o alto de violencia en contexto electoral, y Nariño es epicentro de esta alarma.
La reciente Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo en cabeza de Iris Marín, revela un panorama desolador para la macrorregión del suroccidente, compuesta por 148 municipios de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca. De ellos, 36 municipios fueron clasificados en llamado a la acción inmediata, 43 en acción urgente y 59 en acción prioritaria. Ninguno de estos municipios está libre de riesgo.
En este mapa de alta conflictividad, Nariño se consolida como uno de los territorios más afectados, con presencia simultánea de estructuras como el Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), Comuneros del Sur, los Rastrojos, entre otros. Municipios como Policarpa, Leiva, El Rosario, Mosquera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Samaniego y Tumaco, son epicentro de control armado, imposición de normas ilegales y constreñimiento político.
Lo más alarmante no es solo la violencia visible, sino el poder que ejercen los grupos armados como formas paralelas de gobierno. En muchas zonas rurales, la ausencia de instituciones ha sido reemplazada por actores armados que regulan horarios de circulación, aplican castigos, imponen “vacunas” y definen incluso la vida política y electoral de las comunidades.
En municipios nariñenses como Magüí Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Cumbitara y Ricaurte, estos grupos han llegado a imponer restricciones a campañas políticas, amenazar a aspirantes a cargos públicos y decidir qué agendas políticas pueden circular.
Según la Alerta Temprana, la elección libre está en riesgo, especialmente en zonas PDET y CITREP, donde la presión armada restringe no solo el derecho al voto, sino también el derecho a ser elegido.