El departamento de Nariño, se siente intranquilo ante la alerta temprana que acaba de lanzar el señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis en torno a la guerra que sostienen en esta zona sur del país, el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en contra de una posible alianza criminal, entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, la Segunda Marquetalia y un reducto paramilitar.
En torno a la delicada situación de orden público que se vive en estos momentos en vastas zonas del departamento de Nariño, Camargo Assis manifestó que la dependencia a su cargo, envió 22 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales. Esto con el objetivo de implementar acciones urgentes de coordinación y articulación interinstitucional, bajo el parámetro de los Derechos Humanos.
Grave situación
En su reporte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, explicó que la alerta se emitió a consecuencia de la grave situación de orden público, en desarrollo de la cual, se están presentando episodios de vulneración de los Derechos Humanos, lo que está afectando a los habitantes de los municipios que hacen parte de la subregión de la cordillera nariñense.
De manera concreta, el funcionario se refirió a los municipios de Cumbitara, Leiva, El Rosario, Policarpa y Taminango, tanto en el casco, urbano, pero especialmente en los sectores rurales de las mencionadas poblaciones.
Disputas territoriales
El Defensor del Pueblo explicó que la violencia que en estos momentos se genera en esos 5 municipios se debe “a las disputas por el control territorial y poblacional entre el frente Franco Benavides, adscrito al bloque occidental Jacobo Arenas, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, y la presunta alianza conformada por el frente Comuneros del Sur del Eln, la segunda Marquetalia, también grupo disidente de las Farc, y las Autodefensas Unidas de Nariño”.
El documento de advertencia y carácter preventivo detalla que las acciones bélicas y hechos violentos ocurridos en Cumbitara y Leiva dan cuenta de que en el corto plazo pueden afianzarse e impactar gravemente la vida, seguridad, integridad y libertad de las comunidades de los dos municipios.
Conflicto se ha extendido
El Defensor Carlos Camargo Assis, subraya que los efectos de los enfrentamientos armados se han ido extendiendo paulatinamente, e incluso podrían replicarse en los municipios de El Rosario, Policarpa y el corregimiento Remolino, jurisdicción de Taminango, tanto por la cercanía de los límites geográficos como por el control hegemónico del disidente Estado Mayor Central (EMC), el cual, ante la amenaza de perder territorio y fidelidades del liderazgo en general, «ha endurecido sus mecanismos de control social».
Grave escenario
Camargo Assis afirma que “el grave escenario de riesgo advertido en nuestra Alerta Temprana da cuenta de un elevado riesgo de desconocimiento de los principios de precaución, distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. La zona en disputa se ha convertido en un lugar propicio, territorial y climatológicamente hablando, para la siembra de coca, por ende, para actividades conexas con la cadena del narcotráfico”.
Coca y minería ilegal
Con el paso del tiempo, recalca el Defensor del Pueblo “la coca se ha convertido en un monocultivo, creando una dependencia invisible de carácter económico y sociocultural. Así mismo, el amplio lugar se ha usado para el desarrollo de la minería ilegal, a tal punto de desplazar a la agricultura tradicional, lo que viene causando graves daños ambientales en las zonas donde se presentan estas actividades ilícitas.
La Alerta establece dos escenarios. El primero, los riesgos inminentes derivados de la confrontación entre el Frente Franco Benavides y la presunta alianza criminal, que se disputan el territorio.
Se teme lo peor
La Defensoría prevé que los combates se intensifiquen, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el monitoreo en la zona, se ha establecido que el Franco Benavides habría ordenado movilizar unidades de otras facciones adscritas al Bloque Occidental Jacobo Arenas que delinquen en el Cauca y la costa Pacífica nariñense, con el objeto de fortalecer su capacidad bélica y repeler los ataques.
El segundo escenario es el endurecimiento de presiones sobre las comunidades y sus liderazgos, lo que conlleva un inminente riesgo para la población porque podría replicar patrones observados en otras regiones del suroccidente del país, donde se intensifican los controles y regulaciones sobre la vida comunitaria y la libre circulación por el territorio, acompañados de señalamientos y estigmatización.
Habría torturas
La entidad también advierte que la presencia del EMC, la Segunda Marquetalia, el ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño en los municipios de la cordillera nariñense ha reducido la capacidad de las autoridades locales para tomar decisiones, especialmente en seguridad e implementación de objetivos de los planes de desarrollo en las áreas rurales.
También podría haber hechos de tortura, violencias basadas en género y la comisión de tratos crueles contra personas de la población civil señaladas de apoyar al grupo que ha venido ejerciendo control hegemónico en la zona. Se podrían, además, generar graves obstrucciones para el ingreso de alimentos, misiones médicas y bienes y servicios esenciales para las comunidades que están en riesgo de confinarse o desplazarse.
“Teniendo en cuenta el escenario advertido y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, les hicimos, con nuestro Sistema de Alertas Tempranas, 22 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales. Les solicitamos que impulsen acciones urgentes, eficaces, pertinentes y conducentes de coordinación y articulación interinstitucional”, enfatizó Camargo Assis.
Se recrudecerá violencia
Es de anotar que hace algunos días, el señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, había advertido la Alerta Temprana de Inminencia (ATI), en la que advirtió que existe una alta posibilidad de intensificación de las confrontaciones armadas entre facciones disidentes de las Farc en el municipio de Olaya Herrera (Nariño)..
“Los combates y otros hechos de violencia que de ellos podrían derivar desencadenarían en graves afectaciones a la vida, integridad y libertad o en probables infracciones al derecho internacional humanitario”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis
Sobre el particular, es de anotar que esa llamada de prevención de la defensoría se ha cumplido, puesto que los enfrentamientos han ido en aumento en varias zonas de la costa Pacífica de Nariño.
Al respecto, señaló que el terror y la violencia han venido siendo sembradas en las comunidades del municipio nariñense por las disputas armadas entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del disidente Estado Mayor Central de las antiguas Farc (Frente 30 Rafael Aguilera y Columna Móvil Alan Rodríguez), y el Bloque Occidental Alfonso Cano, perteneciente a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, de la Segunda Marquetalia, también disidente de las Farc.
Los combates obedecen a la disputa del territorio, ya que esta zona es considerada un corredor estratégico para las rutas de la cadena del narcotráfico, movilización de tropas, desarrollo de la minería ilegal y el tráfico de armas. Es de anotar que, debido a esos combates, Nariño ha sido este año, el escenario de los mayores casos de desplazamiento ocurridos en el país.
Ante el delicado panorama de orden público que se presenta en estos momentos en el departamento de Nariño, miles de personas que debido a la situación, se encuentran en alto riesgo, esperan el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los compromisos adquiridos en lo referente al reforzamiento de la fuerza pública, sobre todo en las regiones consideradas como críticas,,
