El reciente informe de la ONU sobre derechos humanos confirma que en el departamento de Nariño la violencia no solo persiste, sino que está cambiando de forma y volviéndose más compleja, con impactos directos sobre comunidades y, especialmente, menores de edad.
🔎 ¿Qué está pasando en Nariño?
Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU:
- Se han fortalecido grupos armados no estatales y han surgido nuevos actores ilegales, lo que reconfigura el conflicto en la región.
- Estos grupos ejercen control territorial y social, afectando la vida cotidiana mediante amenazas, homicidios, extorsión y restricciones a la movilidad.
- Existe una especie de “ley del silencio”, donde comunidades evitan denunciar por miedo a represalias.
⚠️ Reclutamiento de menores: una de las mayores alertas
Uno de los puntos más críticos es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes:
- La ONU advierte que el reclutamiento continúa y se está adaptando, incluso usando redes sociales para atraer a menores.
- Este fenómeno hace parte de una tendencia nacional preocupante: en Colombia, el reclutamiento infantil se ha disparado en los últimos años, con casos registrados incluso cada 20 horas.
- Los menores son captados mediante engaños, presiones o por falta de oportunidades, y luego son usados en actividades armadas o ilegales.
🧭 Otras dinámicas preocupantes
El informe también señala:
- Amenazas a líderes sociales y comunitarios, especialmente si se oponen a los grupos armados.
- Interferencia en comunidades indígenas y afrodescendientes, debilitando su autonomía y procesos organizativos.
- Casos de violencia sexual, trata de personas y privaciones de libertad.
🧩 ¿Qué explica esta situación?
La ONU sugiere que estas dinámicas están ligadas a:
- Disputa por economías ilegales (narcotráfico, minería).
- Débil presencia estatal en zonas rurales.
- Pobreza y falta de acceso a educación y oportunidades.
🟡 En resumen
Nariño enfrenta una reconfiguración del conflicto armado, donde los grupos ilegales no solo mantienen su presencia, sino que adoptan nuevas estrategias de control y reclutamiento, especialmente dirigidas a jóvenes. La situación representa un reto urgente para el Estado en materia de protección, prevención y garantía de derechos.
