Por: Javier Recalde
Las paredes de los locales comerciales en Pasto, Ipiales y Tumaco cuentan una historia que los discursos oficiales se empeñan en ignorar. Recientemente, el Comité Intergremial de Nariño lanzó una alerta que resuena como un grito ahogado en el vacío: el cierre acelerado y sostenido de numerosas empresas en la región. Esta no es una noticia más en el ciclo informativo; es el síntoma grave de una enfermedad estructural que está devorando, día tras día, el tejido productivo del departamento de Nariño. Y, aunque la tentación de convertir este drama en un debate político partidista es alta, la realidad exige un análisis reflexivo que trascienda las siglas y se centre en la supervivencia misma de nuestra economía local.
Detrás de cada persiana bajada y cada cartel de «se traspasa», hay historias humanas truncadas y que hoy enfrentan la incertidumbre. Hablamos de familias nariñenses que durante años construyeron un patrimonio con esfuerzo, sacrificio y una fe inquebrantable en el futuro de su tierra. El cierre de una empresa no es solo una fría cifra macroeconómica; es el despido inmediato de empleados que ahora engrosan las filas del desempleo informal, es el sueño de un emprendedor que se desmorona y es la cadena de proveedores locales que deja de recibir pagos. Esta realidad genera un impacto psicológico devastador en la comunidad, minando la confianza y la esperanza en el progreso regional. Nariño no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo sus motores de desarrollo.
Las causas de esta hemorragia empresarial son multifacéticas y requieren una crítica constructiva, lejos de la demagogia electoral. La inseguridad rampante, que extorsiona y limita la libre empresa, se combina con una carga tributaria asfixiante y una burocracia estatal que, en lugar de facilitar, entorpece cada paso. A esto se suma una histórica falta de infraestructura vial y energética que encarece la producción, reduciendo nuestra competitividad nacional y que limita severamente las oportunidades de crecimiento. El Estado, en sus diferentes niveles, ha brillado por su ausencia o por la implementación de medidas cosméticas que no atacan la raíz del problema, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
El Comité Intergremial no está haciendo política; está haciendo un diagnóstico de urgencia vital. Cuando los gremios, que representan la columna vertebral de la economía formal, advierten sobre el colapso inminente, es porque el termómetro ya marcó fiebre alta. Ignorar esta advertencia bajo el pretexto de que «la economía va bien» en los promedios nacionales es un acto de absoluta irresponsabilidad administrativa. Nariño tiene particularidades geográficas y sociales que exigen soluciones a la medida, no recetas genéricas diseñadas en escritorios bogotanos. Es una emergencia ciudadana.
Llegó el momento de pasar del lamento a la acción concreta. Se requiere un pacto urgente por el desarrollo empresarial nariñense, que involucre a todos los sectores, priorizando la seguridad jurídica y física, simplificando los trámites y ofreciendo incentivos reales para la reactivación para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Por: Javier Recalde Martínez.
