El atentado terrorista que se acaba de perpetrar en el municipio de El Peñol, donde grupos armados ilegales hicieron explotar una carrobomba, causando daños en viviendas y un gran pánico, muestra que esta clase de hechos se siguen constituyendo en el mayor flagelo de esta zona sur de Colombia.
En efecto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), acaba de reportar en un informe que la amenaza por explosivos sigue en aumento en el marco del conflicto armado que se vive en estos momentos en varias regiones del paìs.
En ese reporte se indicó que las zonas más afectadas, en lo que tiene que ver con atentados terroristas causados por explosivos, lanzados desde drones, cilindros de gas o las minas antipersonales, son en su orden, los departamentos de Nariño, Bolívar, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
En ese sentido, es de señalar que algunas áreas que fueron declaradas libres de contaminación volvieron a presentar incidentes, un indicio de que los patrones de uso y las tácticas de los actores armados están cambiando.
Millones de víctimas
Al respecto la Ocha señaló que estos episodios de violencia, registran un repunte alarmante en 2025. Entre enero y septiembre, más de 1,5 millones de personas se vieron afectadas por hechos vinculados al conflicto armado, la violencia generalizada y los desastres naturales. . La magnitud del impacto, casi tres veces superior a la registrada un año atrás, volvió a poner en evidencia la fragilidad de las regiones más golpeadas por el conflicto y la débil capacidad de respuesta ante la crisis.
Permanente deterioro
El informe reveló un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander, donde las comunidades enfrentan desplazamientos forzados, confinamientos prolongados y limitaciones a la movilidad impuestas por grupos armados. A esto se suman ataques contra civiles, amenazas constantes y el recrudecimiento de los combates en zonas rurales, lo que interrumpió el acceso a servicios esenciales y complicó la labor de las misiones humanitarias.
Crece el desplazamiento
Departamentos como Chocó, Cauca y Norte de Santander sufren deterioro de la seguridad, desplazamientos forzados y confinamientos por grupos armados – crédito Federico Ríos/REUTERS
Entre los datos más críticos está el aumento de los desplazamientos. Más de 83.700 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en eventos masivos durante los primeros nueve meses de 2025, un salto del 93% frente al mismo periodo del año anterior. A ellos se suman 103.100 desplazamientos individuales, lo que eleva la cifra total a 186.800 afectados. El fenómeno, explica Ocha, no solo responde a enfrentamientos directos, también a amenazas, extorsiones y bloqueos que hacen imposible permanecer en los territorios.
El confinamiento de comunidades también se convirtió en una forma de control territorial cada vez más extendida. En lo que va del año, 121.786 personas vieron restringida su movilidad, un 19% más que en 2024. En total, más de 811.905 personas se encuentran bajo condiciones de emergencia derivadas de confinamientos o bloqueos armados, especialmente en Chocó, Bolívar, Guaviare y Valle del Cauca. La reaparición de este tipo de incidentes en municipios donde no se reportaban desde 2016 preocupa a las organizaciones humanitarias.
Ataques directos
Las inundaciones, deslizamientos y vendavales agravaron la crisis humanitaria en zonas ya afectadas por la violencia armada en Colombia – crédito Universidad de la Guajira
El impacto sobre la población civil se refleja también en los ataques directos. Solo este año, 117.800 personas fueron víctimas de distintas formas de violencia, entre ellas amenazas, homicidios selectivos y castigos impuestos como mecanismos de control social. Entre julio y septiembre se registraron 39.600 casos, seis veces más que en el mismo trimestre de 2024. La situación es particularmente grave para los defensores de derechos humanos, 53 líderes y lideresas fueron asesinados durante 2025.
Población vulnerable
Los niños, niñas y adolescentes continúan siendo de los más vulnerables. El organismo internacional reportó casos persistentes de reclutamiento, uso y utilización de menores en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Cauca. Además, al menos “1.208 niños, niñas y adolescentes se vieron afectados indirectamente por la denegación de acceso humanitario”, señaló el informe, que también documentó ataques a escuelas y la presencia de artefactos explosivos cerca de instituciones educativas.