A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el departamento de Nariño enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años en materia de orden público y seguridad. Lejos de avanzar hacia escenarios de tranquilidad, la región parece sumida en una espiral de violencia que golpea con crudeza a la población civil y a la institucionalidad, dejando en evidencia la fragilidad del Estado en amplias zonas del territorio. Esto es una muestra más del rotundo fracaso de la Paz Total y en el caso de Nariño, de la Paz Territorial, propósitos que nunca tuvieron un resultado positivo.
Los hechos recientes son alarmantes y no admiten eufemismos. En las últimas horas, tres policías fueron asesinados en Ipiales tras un ataque con drones perpetrado por grupos armados ilegales, una modalidad que refleja no solo la capacidad operativa de estas organizaciones, sino también su creciente sofisticación tecnológica. Este tipo de acciones, antes impensables en contextos locales, hoy se convierten en una amenaza concreta que desborda las capacidades tradicionales de respuesta de la fuerza pública.
A ello se suma la tragedia silenciosa que se vive en la costa pacífica nariñense, donde varios niños han resultado mutilados por minas antipersona. Este flagelo, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, constituye una grave violación al derecho internacional humanitario y evidencia la total ausencia de control efectivo del territorio. La niñez, que debería estar protegida y alejada de la guerra, termina siendo víctima directa de un conflicto que parece no tener límites.
Como si fuera poco, se han reportado incursiones de grupos armados en instituciones educativas, un hecho particularmente grave que rompe cualquier frontera ética. Las escuelas, espacios destinados a la formación y al desarrollo de las nuevas generaciones, están siendo invadidas por actores ilegales que instrumentalizan el miedo y someten a comunidades enteras. Este fenómeno no solo vulnera derechos fundamentales, sino que compromete el futuro mismo de la región.
Este panorama es, en gran medida, el reflejo del rotundo fracaso de la denominada “paz total” y territorial. Una estrategia que, en el papel, prometía desescalar la violencia mediante el diálogo con múltiples actores armados, pero que en la práctica ha generado efectos contrarios. En lugar de reducir la confrontación, ha permitido que estas organizaciones se fortalezcan, expandan su presencia y diversifiquen sus métodos de operación.
En Nariño, los esfuerzos institucionales, incluyendo los liderados por el gobierno departamental, han resultado insuficientes frente a la magnitud del desafío. Las organizaciones ilegales han aprovechado las concesiones y los espacios otorgados para reconfigurarse, reclutar nuevos miembros y consolidar economías ilícitas. El resultado es un incremento sostenido de las acciones criminales que hoy tienen a la región sumida en una profunda incertidumbre.
La ciudadanía, por su parte, enfrenta un escenario de miedo e indefensión. La falta de garantías de seguridad no solo afecta la vida cotidiana, sino que también pone en riesgo el ejercicio democrático en vísperas de unas elecciones cruciales. Sin condiciones mínimas de tranquilidad, resulta difícil hablar de participación libre y transparente.
Lo que ocurre en Nariño no puede seguir siendo minimizado ni tratado como un fenómeno aislado. Se requiere una revisión seria, profunda y urgente de las políticas de seguridad y de los enfoques de negociación con los grupos armados. La protección de la población civil y la recuperación del control territorial deben ser prioridades inaplazables.
Hoy, más que nunca, el departamento reclama acciones concretas, coordinadas y eficaces. La incertidumbre no puede convertirse en norma ni la violencia en paisaje habitual. El momento exige decisiones firmes que devuelvan la esperanza a una región que, pese a todo, sigue resistiendo.
