Desde cinco municipios de la costa Pacífica de Nariño, se están realizando denuncias tempranas en torno a la comisión de los delitos electorales de tráfico de votos y constreñimiento al sufragante.
De acuerdo con lo que manifiesta el líder cívico Jairo Estacio esta situación se viene registrando en los municipios de Roberto Payán, Magui, El Charco, Barbacoas y en zonas rurales de Tumaco, lo que a 7 meses para la realización de las elecciones territoriales comienza a causar gran inquietud entre la población.
Al respecto se indicó que esta situación viene siendo promocionada por grupos al margen de la ley que operan en la región por lo que se pide una mayor presencia de la fuerza pública. Igualmente se informó que esta clase de hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Defensoría Nacional del Pueblo y del Consejo Nacional Electoral CNE.
Tráfico de votos
Precisamente con relación a las denuncias que se vienen haciendo es de anotar que según las denuncias que se vienen haciendo en vastos sectores de la costa se está tratando con anticipación de asegurar el voto de la gente, con ofrecimientos que van desde los 200 a los 300 mil pesos por sufragio, con miras a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.
En ese sentido, es de señalar que la compra –venta de votos, es un delito que está tipificado en el Código Nacional Electoral como Tráfico de Votos y da lugar a severas sanciones.
Es así como, según el mencionado código, quien sea hallado responsable de este delito, podría ser condenado hasta a 9 años de cárcel y sanciones económicas que van desde 400 hasta 1.200 salarios mínimos.
Constreñimiento al sufragante
Otra irregularidad
Otra irregularidad que según las denuncias se está presentando en los municipios de la costa Pacífica de Nariño, es la de intimidación al elector, que en este caso proviene de los grupos armados ilegales que operan en la región, donde se indica que desde ya se han empezado a presentar amenazas y presiones a los electores-
Se trata de un delito que el Código Nacional Electoral tipifica como Constreñimiento al sufragante, el cual consiste en amenazar o presionar a un elector para que vote por determinado candidato. Por lo tanto, la persona que sea hall ada responsable de este hecho, se ve expuesta a pagar una multa que va desde los 4 a los 9 años de cárcel y una multa, entre los 50 y los 200 salarios mínimos. Es de anotar que en igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Al respecto, es de indicar que las penas mencionadas se aumentarán de la mitad al doble, cuando la conducta delictiva sea realizada por servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento o acceso a beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o de cualquier otro orden de naturaleza gubernamental.
Anuncian visitas
Es de anotar que las autoridades electorales han anunciado visitas a las zonas del departamento de Nariño, que en los actuales momentos aparecen en los mapas de riesgo, de cara a los comicios territoriales de octubre, en el marco de las cuales los colombianos elegirán a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales.
En ese sentido, se recuerda que las delicadas situaciones de orden público que se afronta en varias zonas del país a 7 meses de las elecciones, problemática que incluye al departamento de Nariño, hizo que el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, lanzará una inquietante alerta al advertir que la violencia generalizada que se vive en el país, podría ser la causa para que en un momento dado las elecciones tengan que ser aplazadas, un inquietante mensaje que sigue flotando en el ambiente.