Nariño se constituyó en el 2022 en el departamento donde mayor número de asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos se registraron, de acuerdo con el balance que dio a conocer en las últimas horas, el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo Asis.
En ese sentido, la Defensoría manifestó que en el año recién terminado se presentaron 33 homicidios en contra de esas personas, en tanto que en el vecino departamento del Cauca se registraron 25 casos.
Aparte de las regiones anteriormente mencionadas, hubo 20 homicidios en el Putumayo, igual número en Antioquia, 12 en Arauca, 11 en el Valle del Cauca y 9 en Santander.
De acuerdo con los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, en el 2022 fue asesinado un líder social cada dos días, lo que Camargo Asis, considera una cifra alarmante , por lo que el funcionario teme que de nuevo Colombia se posesione a nivel mundial como uno de los más peligrosos del mundo, en lo que tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos.
En ese sentido de acuerdo con el reporte anual de la ONG Human Rights Watch, publicado en las últimas horas, el país está sumido en una ola violenta que elevó los índices de ataques a la población “a niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz”.
En total, señaló la Defensoría del Pueblo, en el 2022 fueron asesinados en el país, 198 defensores de los Derechos Humanos, con lo que el año que acaba de pasar se constituyó como el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc en el 2016.
El estudio señala que en casos como Nariño, donde se produjo la mayor cantidad de episodios sangrientos, el epicentro de esta violencia estuvo en la región de la costa Pacífica, comenzando con el puerto de Tumaco.
Igualmente, en el balance se puso de manifiesto que la presencia en las zonas afectadas de organizaciones guerrilleras, grupos de narco paramilitares y delincuencia común, tuvieron mucho que ver en el alarmante incremento de los episodios de homicidios contra los líderes y lideresas sociales y Defensores de Derechos Humanos.
También se estableció que los grupos al margen de la ley en los departamentos donde se presentaron las mayores cantidades de asesinatos fueron el Ejército de Liberación Nacional Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones que por lo que se está viendo, no han cesado sus acciones violentas a pesar de los “guiños” que le han hecho el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro, en torno a querer la paz, proceso que en especial con el Eln, parecen haberse empantanado en las últimas semanas.
La paz en las mismas
Antes de llegar a la Casa de Nariño, una de las críticas más recurrentes del presidente Gustavo Petro al gobierno de Iván Duque era “la constante masacre a los líderes sociales y los firmantes de paz que desangra las regiones más olvidadas de Colombia”, como lo dijo en un discurso de campaña.
Pero estando en el poder se ha dado cuenta que, aun haciendo esfuerzos de Gobierno, no es tan fácil prevenir lo que él criticaba.
Inquietantes estadísticas
Según la Defensoría, entre el 7 de agosto y el 30 de noviembre de 2022, fechas en que Petro ya era presidente, el país registró 66 homicidios contra defensores de DDHH, lo que equivale a un 33,16% de los casos en tan solo cuatro meses.
Todo esto, pese a las conversaciones de paz que ha sostenido el Gobierno con por lo menos 23 grupos armados de todo el país y que parecen no estar dando el resultado esperado.
De hecho, la paz total del presidente Petro atraviesa por una crisis derivada de una serie de anuncios “prematuros” y “descuidados” por parte del Ejecutivo, como los calificó recientemente la Iglesia Católica.
El más marcado de ellos fue el del cese bilateral al fuego anunciado por el presidente con cinco grupos armados que, según se supo después, no habían sido consultados previamente para acogerse a esa medida.
A partir de ese error, el Ejército de Liberación Nacional calificó las tensiones en la mesa de negociación como una “crisis por imposiciones unilaterales”.
Por ahora, el Gobierno espera la respuesta de esa guerrilla a una “reunión de emergencia” convocada para finales de enero en Caracas, Venezuela. Si el ELN no acepta, se entendería como un enfriamiento de las negociaciones que, tarde o temprano, repercutiría en acciones aún más violentas contra las comunidades afectadas.