Por: Víctor Rivas Martínez
Las elecciones legislativas de 2026 dejaron un país políticamente partido y un Congreso fragmentado, sin una mayoría clara para ningún bloque. En el Senado, el Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza, con cerca de 4,4 millones de votos y 25 curules, mientras que el Centro Democrático quedó como segunda fuerza, con alrededor de 3,0 millones de votos y 17 escaños.
En la Cámara de Representantes, el panorama fue distinto: el Centro Democrático encabezó la votación y alcanzó aproximadamente 32 curules, seguido muy de cerca por el Partido Liberal y por el Pacto Histórico, que obtuvo cerca de 29 representantes. Conclusión: las dos fuerzas más visibles tienen poder de bloqueo, pero ninguna posee por sí sola la capacidad de imponer la agenda legislativa ni de controlar las mesas directivas sin negociar.
El principio general ha sido que las presidencias de Senado y Cámara no se definen únicamente por la voluntad del Gobierno de turno, sino por la correlación real de fuerzas dentro del Congreso y por la capacidad de construir consensos mínimos entre bancadas de gobierno, partidos independientes y oposición.
El escenario más probable es un acuerdo tácito entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para proponer candidatos distintos a los promovidos por el nuevo Gobierno en Senado y Cámara. En este caso, ambos tendrían incentivos para limitar la influencia inicial del presidente entrante: el Centro Democrático, para preservar su autonomía y disputar el liderazgo de la derecha; el Pacto Histórico, para impedir que un gobierno ideológicamente contrario capture la conducción del Congreso desde el primer día.
La pregunta de fondo es si ese “agua y aceite” puede ganar el pulso. La respuesta es ¡sí!, no por afinidad ideológica, sino por cálculo de poder.
Si el Centro Democrático y el Pacto Histórico actúan con pragmatismo, incluso desde sus profundas diferencias, podrían ganar esa batalla inicial. La gobernabilidad no se decreta desde la Casa de Nariño; se construye voto a voto, acuerdo por acuerdo, y con respeto por la autonomía del Congreso.
