A través de la Resolución 0669 del 11 de junio de 2025, quedó en firme la transformación de la Defensoría Delegada para la Protección del Derecho a la Prevención y Atención de Desastres en Defensoría Delegada para los Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres.
La resolución, que lleva la firma de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fija como propósito de la Delegada salvaguardar los derechos humanos en el contexto de la gestión del riesgo de desastres.
La normativa establece que la Defensoría del Pueblo debe articular los esfuerzos institucionales para proteger los derechos humanos en la gestión del riesgo de desastres (anteriormente conocida como prevención y atención de desastres). Esto implica identificar y monitorear dichos derechos en todas las etapas: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones, en coordinación con las autoridades competentes y la sociedad civil.
Para lograr una coordinación efectiva con las autoridades, es esencial unir esfuerzos institucionales que aseguren la protección de los derechos humanos en la gestión del riesgo de desastres. Esto implica no solo su identificación y monitoreo, sino también la implementación de medidas de prevención, defensa y restitución de estos derechos. De acuerdo con lo anterior, se consideró pertinente modificar la Resolución 1900 de 2023, que creó la Defensoría Delegada para la Protección del Derecho a la Prevención y Atención de Desastres, a través de la Resolución 0669 de 2025, para convertirla en la Defensoría Delegada para los Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres, con un nuevo nombre y funciones, que quedan vigentes a partir de la fecha de expedición, transformación que implica un giro en el enfoque de trabajo, con énfasis en acciones que propendan por la garantía y/o restablecimiento de derechos, ante su violación o posibilidad de vulneración