Los municipios del territorio fronterizo de Nariño, incluyendo Ipiales, han lanzado un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la opinión pública debido al impacto generado por el nuevo modelo de abastecimiento de combustibles, que obliga a los distribuidores minoristas de la región a cargar exclusivamente en Tumaco. Esta medida ha generado preocupación por las condiciones logísticas, sociales y económicas de la zona, y según los líderes del suroccidente colombiano, pone en riesgo la economía legal, la seguridad energética y la soberanía nacional en la frontera con Ecuador.
Las principales preocupaciones de los municipios fronterizos se centran en el transporte sin condiciones adecuadas debido a vías terciarias deterioradas y alta inseguridad en Tumaco, lo que genera demoras logísticas constantes. Además, la falta de incentivos de frontera que compensen los sobrecostos estructurales del abastecimiento legal incentiva el contrabando de gasolina desde Ecuador. También se destaca la falta de participación en las decisiones de todos los actores de la cadena, lo que ha llevado a exigir un modelo concertado y sostenible. Asimismo, varias estaciones formales están sin contrato vigente con nuevos mayoristas, lo que bloquea la operatividad legal y genera incertidumbre y riesgo de desabastecimiento.
La situación es crítica en algunos municipios, como Túquerres, donde ya se registra desabastecimiento de gasolina debido a que la infraestructura del puerto de Tumaco no tiene la capacidad operativa para cubrir la demanda de todo el departamento. Los municipios fronterizos advierten que las disposiciones actuales no corresponden a las realidades logísticas, sociales y económicas del suroccidente colombiano, afectando de manera directa la sostenibilidad de la economía legal en la región.
En este contexto, los municipios fronterizos consideran que el abastecimiento energético en frontera es clave para garantizar la soberanía y que limitar el contrabando requiere acciones diferenciadas. Por lo tanto, solicitan al Gobierno Nacional reconsiderar el modelo actual y buscar soluciones que se ajusten a las necesidades y condiciones de la región, con el fin de evitar una crisis económica y energética en la zona.