Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
La construcción de obras o la ejecución de programas sociales, bien sea en un departamento o en un municipio, demanda la inversión de recursos. De allí que, cuando los ciudadanos y ciudadanas pagan una parte de sus dineros bajo la modalidad de impuestos, se ponen siempre a la expectativa y defensiva de lo que pueda suceder con su utilización, máxime en un país en donde la corrupción administrativa campea por todos lados.
En ese entendido, para nadie es un secreto saber que Nariño a través de su historia, es una región sometida al marginamiento y el olvido de las grandes políticas de desarrollo que se trazan a nivel central.
Por ello, sus habitantes con justificada razón se preguntan: ¿por qué no se los tiene en cuenta si también hay aportes hacia el Estado? Y ¿por qué del presupuesto general de la Nación sólo se entrega pequeñas partidas del erario público que muy poco o nada alcanzan para generar progreso y, por ende, bienestar a través de la ejecución de proyectos y programas de gran impacto social?
Tal vez, una de las razones para que todo ello ocurra se debe a que se ha carecido de una clase política que desde el Congreso hiciera respetar los derechos de las personas de esta sección del país y que trabaje verdaderamente por el interés general y colectivo ante las esferas del poder asentadas en Bogotá.
Es triste decirlo, pero es la verdad, a los congresistas nariñenses les ha preocupado más que otra cosa, consolidar su pedestal de privilegios y de intereses personales, buscando siempre que en el alto gobierno les respeten el manejo e injerencia en entidades públicas, en donde tienen construidas sus “empresas” burocráticas.
Ante esas circunstancias, en muchas oportunidades a los gobernadores y alcaldes se los ha visto deambular completamente solos y sin apoyo de los congresistas en los ministerios y otras entidades nacionales, implorando que les den una que otra partida presupuestal de los grandes recursos que administran para tratar de solucionar problemas de sus comunidades y así cumplir con sus programas de gobierno y, por ende, de desarrollo.
Tras el masivo respaldo electoral que Nariño le dio a Gustavo Petro para ser elegido presidente de la República, se esperaba que su gobierno ejecutara desde su inicio verdaderos y efectivos proyectos que abrieran el camino para generar el progreso y desarrollo que tanto se solicita por sus pobladores.
No olvidemos que Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho que tiene como principios fundamentales: el respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
Esto hace que los nariñenses hayan tenido la ferviente esperanza desde un principio de que en el gobierno del cambio del presidente, Gustavo Petro, esos principios se iban a convertir en realidad, mediante la consolidación de una auténtica y verdadera democracia con paz, equidad y justicia social.
Sin embargo, para Nariño hasta ahora todo lo manifestado por el gobierno del cambio sólo han sido promesas, en tanto la violencia como el narcotráfico se acrecientan generando muerte y desolación, pobreza y miseria a lo largo y ancho del territorio departamental. Y esto, lastimosamente, no lo quieren ver o se hacen los de la vista gorda los defensores del actual régimen petrista.